Los informes de la UIAF

Era cuestión de tiempo para que la UIAF, activa desde hace dos años en esto de las pesquisas a los magistrados, revelara los alcances de sus hallazgos. Lo que no deja de ser curioso es que se haya publicitado el informe justo cuando la Corte Suprema le dictó condena de seis años al senador Iván Díaz Mateus por presionar el voto de Yidis Medina que permitió la reelección, condenó a ocho años de cárcel a Teodolindo Avendaño por recibir dádivas del Gobierno para ausentarse del Congreso el día de la votación de dicha reforma y les abrió investigación preliminar a 86 congresistas denunciados por votar el referendo para una segunda reelección, sin el aval del Registrador.

Tras el comunicado de la Presidencia la noche del domingo 7 de junio, que insinuaba la presencia de “operaciones sospechosas sobre algunas personas y sus nexos con otras vinculadas a actividades ilícitas donde podrían verse involucrados algunos magistrados”, más de uno esperaba encontrar las pruebas reinas de la penetración de la mafia en la justicia que tanto nos habían anunciado y publicitado.

El resultado, sin embargo, es poco contundente. El documento denominado Escoba, en el que se describen en detalle los movimientos financieros y transacciones comerciales del magistrado del Consejo Superior de la Judicatura José Alfredo Escobar y su esposa Ana Margarita Fernández, en razón a las publicaciones periodísticas que muestran nexos suyos con el narcotraficante italiano Giorgio Sale, llegó apenas a un registro de transacciones y bienes de finca raíz, incluso del círculo familiar, que poco o nada comprueban. Mucho más habrá que seguir investigando, en este como en otros casos, pero con lo encontrado no se justifica un señalamiento como el que desde la Casa de Nariño se ha venido promoviendo contra los magistrados.

El otro informe, Viaje, tiene por propósito desentrañar la relación con los magistrados del empresario Ascencio Reyes —que a la fecha inconcebiblemente no tiene investigación alguna— y su empresa Viajes y Turismo Basán, que financió cuatro vuelos chárter entre Bogotá y Neiva en junio de 2006 en los que viajaron varios de ellos para asistir a un homenaje que se le hacía a Yesid Ramírez Bastidas, designado por ese entonces presidente del Alto Tribunal. El informe vincula a tres dignatarios de la Justicia con el controvertido Ascencio Reyes: José Alfredo Escobar, quien le habría hecho seis depósitos bancarios por un valor de 85 millones; el ex magistrado Carlos Isaac Náder, quien le vendió una casa en Córdoba; y el ex presidente de la Corte, Yesid Ramírez, por el viaje a Neiva. A los tres se les hace una pesquisa a fondo en la que se detallan patrimonio en bruto e ingresos, información catastral, productos financieros y movimientos en efectivo.

Cabe preguntarse, entonces, por la verdadera vocación de la ahora enigmática UIAF. Siguiendo los procedimientos de rigor y al servicio de la lucha contra el lavado de activos, su existencia es más que bienvenida. Pero si, como parece ha sucedido, se la pone al servicio de los intereses políticos del Ejecutivo, pierde todo su sentido. Pues así es como hoy sabemos hasta de cuántos garajes es dueña una hermana de un magistrado, pero poco o nada sabemos de las transacciones sospechosas de Ascencio Reyes, que era a quien se supone estaban haciendo seguimiento.