Los líos éticos y jurídicos del ministro

Las denuncias sostienen que esta firma, llamada PYG, maneja más de 1.700 procesos judiciales como representante de entidades públicas. Todos estos contratos fueron otorgados por la época en que Peñaloza se desempeñaba como consejero presidencial de Álvaro Uribe Vélez. El ministro se defiende, por supuesto, no ha sido un sujeto pasivo en todas las acusaciones: confesó que antes de montarse en el puesto de consejero consultó al Departamento Administrativo de la Función Pública si podría existir algún tipo de inhabilidad para él. Así mismo ha dicho que en todo momento su actividad ha estado al margen de las de la empresa.

¿Falta ética o inhabilidad? Eso es lo que se preguntan ahora, no solamente el ministro mismo o el presidente Juan Manuel Santos, sino probablemente los organismos de control, como la Procuraduría, e incluso algunos expertos que analizan los bemoles del caso. Para ello haría falta revisar cada contrato en particular y generar una opinión técnica mucho más justa con el ministro. Ahí está el artículo constitucional que prohíbe a los funcionarios celebrar, por sí mismos o a través de otros, contratos con entidades públicas. Y el mismo funcionario lo ha dicho: “que sea la Procuraduría la que realice las investigaciones necesarias”.

A ello, varias preguntas. ¿Por qué nos demoramos tanto en darnos cuenta de esto? ¿Tuvo que despertar la suspicacia una columna periodística para que estemos volcados encima del ministro, exigiéndole respuestas? Peñaloza se ha manejado bien, sin embargo, al margen de todas las acusaciones que sobre él se ciernen: según lo que ha dicho, varias veces ha consultado con Función Pública, incluso cuando fue expedido el Estatuto Anticorrupción. ¿Qué debe hacer, entonces, ante esta compleja situación? Se ha hablado de que el presidente no ha aceptado su renuncia. Esto despejaría cualquier duda y cualquier cuestionamiento ético. Sin embargo, Peñaloza dijo a Portafolio hace unos días que lo que había hecho era reunirse con el presidente Santos manifestándole su preocupación por la situación que está experimentando y por lo que pueda afectar a su gobierno. Hay dos dilemas, dice, el ético y el legal. Razón no le falta y llegará la hora de ir hasta lo más hondo del asunto.

Pese a esta última declaración de Peñaloza, se sabe que el presidente no aceptaría su renuncia por considerarla inconveniente. Aquí no hablamos, sin embargo, de qué es lo oportuno a nivel político o institucional sino, más bien, a nivel ético. De acuerdo con Transparencia por Colombia, el ministro debería renunciar solamente para que se adelanten las investigaciones y para que se despejen todas las dudas posibles.

Llegó la hora, pues, de poner los ojos sobre este problema, que no es menor. Ya de cara al país es oportuno que sepamos los detalles que rodean los contratos de la supuesta empresa fundada por el ministro. Destapando ese velo, las autoridades investigarán y los ciudadanos (y hasta el Gobierno) podremos estar más tranquilos. Servirá, también, como un precedente de índole político.