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No basta con cambiarle el nombre a esta estructura criminal para que la paz asome al Urabá. Y si de estigmas se trata, cuántas personas apellidadas Úsuga se habrán de sentir agraviadas con que ahora la banda criminal más grande del país se conozca como el Clan Úsuga, como lo pretende el presidente Santos. No es cuestión de nombres, sino de medidas para controlar y eliminar a estas estructuras.
En vez de llamarlas de forma diferente lo que hay que hacer es acabarlas de raíz para que ya no importe ni su nombre. Sea como fuere que estas estructuras se llamen —Urabeños, Rastrojos, Erpac, la Empresa, la lista es grande— no hay duda de lo sanguinarias que son. Como lo demuestran los descuartizados de Buenaventura. Por eso hay que combatirlas con medidas reales. Porque puede pecar de ingenuo quien crea que cambiándole a la Oficina de Envigado su nombre, ésta dejará de ser el dolor de cabeza de los habitantes del Valle de Aburrá. O que cambiándole el nombre a los carteles de Medellín, Cali y el norte del Valle, se cerrarán las heridas que estos carteles dejaron en los habitantes y en la institucionalidad de estas regiones.
O que el hecho de llamar bandas criminales a estas nuevas —ya ni tanto— estructuras delincuenciales es suficiente para negar los nexos de ellas con el paramilitarismo y hacerlas parecer como si fueran —simple y llanamente— delincuencia civil. Estas bandas se han dedicado a replicar la sevicia paramilitar. En muchas zonas, de hecho, no se les conoce como bandas criminales sino como paramilitares. A secas.
A esto se suma que muchos desmovilizados de las autodefensas han ido a parar a sus filas. Algo que debe tener preocupadas a las autoridades sobre todo en momentos en los que muchos paramilitares presos van a salir libres tras ocho años de la Ley de Justicia y Paz. Sean bandas criminales o paramilitares, de nuevo, hay que acabar con ellas. Tanto con un aumento en el pie de fuerza como con gasto social, que buena falta hace en toda esta ecuación y que con seguridad sería mejor recibida en Urabá, para seguir con la preocupación del presidiente-candidato, que un simple cambio de nombres.
Tanto paramilitares como guerrillas se han dedicado a ponerles nombres rimbombantes a sus frentes para —quizás— legitimar la barbarie que ejercen. Los paramilitares, por ejemplo, fundaron a algunos de sus frentes con nombres como los Héroes de los Montes de María, los Héroes de Granada o los Héroes de Tolová, cuando es obvio que a nadie se le pasaría por la cabeza reconocer a las autodefensas como los héroes de regiones a las que azotaron con vileza. En el caso de las guerrillas estas se han dedicado a bautizar a sus frentes con nombres de dirigentes de izquierda que en muchos casos no tuvieron nada que ver con la combinación de todas las formas de lucha. Con esto no hicieron otra cosa que convertirlos en objetivos militares.
Que un problema de forma no esconda el problema de fondo. No es una cuestión de etiquetas ni de aminorar a punta de eufemismos la carga que nuestra historia violenta nos ha dejado. A las cosas hay que llamarlas por su nombre: en Colombia vivimos un conflicto armado y hay unas estructuras criminales que andan violando los derechos humanos y a las que hay que acabar o hacer que se sometan a la justicia para que dejen de masacrar y torturar y, sobre todo, para que no entorpezcan ese camino hacia la paz que parece robustecerse. Lo demás son palabras que ni siquiera se las lleva el viento.