Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Es importante que el presidente se escude en un movimiento campesino para promover una ley de esta envergadura: si algo ha faltado en este país (y por ahí podría empezarse) es un sector que represente lo rural.
La Ley de Víctimas (con sus problemas, que ya hemos mencionado en este espacio) es un síntoma positivo de un gobierno colombiano. Es una respuesta lógica: enmendar el despojo que por muchos años han sufrido los miles de desplazados, víctimas del conflicto armado. Podría decirse que, al igual que la ley, las marchas son un símbolo importante.
No quisiéramos ser pesimistas ante este panorama (no podríamos oponernos radicalmente a una ley como ésta), pero sí recalcamos que la veeduría sobre el tema debe hacerse de manera detallada y exhaustiva. Por eso es positivo saber de aquellos que le han salido al paso al Gobierno para adelantar algunas críticas: está, por ejemplo, el problema de la entrega de las cifras. Jorge Enrique Robledo, senador del Polo Democrático Alternativo, y experto en temas agrarios, ha manifestado que muchas de las cifras de restitución que el Gobierno expresa en términos de “revolución agraria” contienen datos imprecisos. En agosto de 2011, Santos manifestó que se había superado la meta de las 350 mil hectáreas para las víctimas de la violencia. Pero en otro comunicado, el Ministerio de Agricultura desagrega esa cifra y deja ver que para restitución sólo hubo una entrega de 14.278. Así mismo, Robledo ha criticado que el Gobierno use cifras de entrega de tierras con proyectos que vienen de tiempo atrás de la implementación de la ley, como las que hace el Incoder (una política pública planeada en el gobierno anterior).
Aparte de éstos, hay otros problemas que podrían denominarse connaturales al entorno colombiano. Y es que en los países donde ha tenido éxito una reforma de este estilo, el conflicto armado ya ha acabado, mientras que en este país, en donde las bandas criminales al servicio del narcotráfico se multiplican con el pasar de los días, la situación de seguridad para los propietarios que retornan debe ser prioritaria. Y allá, a estos dos principales problemas, es a donde Santos debe voltear sus ojos y aceptar la sana crítica que se hace a la política.
La historia de este país nos ha enseñado que una idea tan grande como ésta siempre va a tener enemigos reales: los tuvo, por ejemplo, Carlos Lleras Restrepo, quien no pudo lidiar con la extrema derecha ni con el clientelismo político. A esto se suma la desigualdad tan exuberante que existe y el modelo agroindustrial que no beneficia a los campesinos. El modelo de desarrollo rural, por tanto, debe ser una política paralela que los asesores de Santos deben empezar a contemplar desde ya.
Los demonios son muchos, sí, pero a todo esto puede dársele una vuelta magistral. Hay que estar atentos porque, como dijo el mismo Santos al momento de patrocinar su idea, la restitución es un elemento fundamental para que este país avance. Y por ser fundamental se convierte en una responsabilidad extrema. Sabemos de sobra que llegar a lo perfecto y dejar contentos a todos los sectores es imposible. Pero sólo así de lejos se puede aspirar. Entonces, sí, que sigan las marchas simbólicas y la restitución; nada más merece la iniciativa del Gobierno que un apoyo contundente. Pero el camino es largo y nuestro mandatario deberá asumirlo con respeto a la veeduría que se le haga al proceso. Eso, en últimas, nos beneficiará a todos.