Más allá de los estigmas en el debate sobre tiburones

La ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, mostró el problema de tener buenas ideas comunicadas con agresividad y burla. Refiriéndose al Decreto 281 de 2021, expedido durante la administración de Iván Duque, mostró el desdén que sentía por los funcionarios que estuvieron involucrados en su creación. “Se trata de un decreto odioso, un decreto gomelo, yuppie, como dice nuestro presidente Gustavo Petro”, dijo. Y agregó: “De los yupicitos, de los gomelos, como quienes toman estas decisiones, no solo dándole la espalda a la gente, sino dando una muestra clara de lo que es el racismo”. Lo que no deja ver esa innecesariamente agresiva e infantil postura es que de fondo hay un reclamo que han hecho las comunidades de pescadores que no se debe perder en medio de la hostilidad de la funcionaria.

El contexto es la prohibición de la pesca de tiburones. En 2021, el entonces Gobierno Duque expidió un decreto que se convirtió en una pesadilla para las comunidades que durante décadas han aprovechado la captura incidental. El debate de fondo es cómo conservar la naturaleza sin perseguir ni desoír los reclamos de las comunidades. En estos años lo único que ha ocurrido es que las autoridades no han tenido buenas herramientas de vigilancia, mientras que los pescadores han sido perseguidos, estigmatizados y censurados por prácticas que son tradicionales. Por eso mismo, el Gobierno ahora se prepara para publicar una norma que reglamenta la captura incidental de tiburones. El aleteo, la comercialización y la exportación, en todo caso, siguen prohibidos.

La frustración de las comunidades es porque no se han sentido escuchadas y desde Bogotá y el activismo ambiental se impuso una manera maniquea de aproximarse a un problema complejo. Con más prudencia y acierto que la ministra Mojica, su colega de Ambiente, Susana Muhamad, explicó lo que ocurre: “Lo que se hizo fue admitir pesca incidental para las comunidades tradicionales del Pacífico. Cuando ellos están en sus faenas, algunas de esas especies entran y se enredan en la misma malla y eso se llama pesca incidental. No es que ellos vayan a pescar esas especies, pero previamente esto se había prohibido y resulta que esa pesca incidental era parte de su seguridad alimentaria”. Se trata, entonces, de reconocer una realidad y de garantizar que la intervención estatal no puede ocasionar más daños de los que pretende evitar.

Como contó El Espectador, hay argumentos de lado y lado a propósito de la regulación de la captura de tiburones. Lo que sí es claro es que deben construirse mecanismos de comunicación entre la comunidad científica y las comunidades locales, y el Gobierno central no debería tomar decisiones impuestas desde Bogotá ni durar años sin escuchar los reclamos por los errores del pasado. En ese rol, la administración de Gustavo Petro cumple un papel esencial, por lo que la actitud de la ministra de Agricultura es preocupante. Estigmatizando a una parte de los interlocutores no se consiguen acuerdos ni se garantiza mejor representación. Para que la sostenibilidad sea un objetivo común, deben poder darse debates complejos en buenos términos.

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