Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Tras muchos ires, venires, a puntos de y reculadas de último minuto, finalmente el Eln ha dado el paso para la transición de su lucha armada a la política legal y se sentará a negociar con el Gobierno los temas que hagan posible dicha transición, en lo que se ha llamado la “fase pública de conversaciones”. A pesar de la natural incertidumbre que acompaña el inicio de una mesa de negociación adicional, tener también a este grupo insurgente decidido a dialogar para llegar al fin del conflicto armado era algo que le hacía mucha falta al avanzado proceso con las Farc en La Habana y resulta trascendental en el propósito de eliminar la violencia del ejercicio de la política en Colombia.
El acoplamiento de esta nueva mesa con un proceso tan avanzado como el que se surte en La Habana con las Farc es, por supuesto, el mayor dilema que hay que tener presente en el camino que se iniciará. Con todo, ya la agenda acordada durante estos meses de conversaciones secretas reconoce las particularidades del Eln y sus intereses en temas específicos, a la vez que asuntos más determinantes del fin del conflicto —como son desarme, desmovilización y reintegración (DDR) y justicia transicional— se entiende que entran en la “coordinación y sincronía” con la mesa de La Habana de que ha hablado el negociador Frank Pearl (coordinación en los temas, sincronía en los tiempos). Así tenía que ser. Desperdiciar lo ya negociado en La Habana hubiera sido tan absurdo como desconocer la autonomía y particularidades del Eln.
Este principio fundamental alcanzado, empero, tropieza con una realidad insoslayable: la paciencia de los colombianos tiene un límite y su espacio es mucho más reducido del que existía cuando comenzó hace más de tres años el proceso con las Farc. De manera que la velocidad, en especial en los asuntos ya resueltos con las Farc, debe ser acelerada. Si en aquel otro comienzo, por ejemplo, la premisa de negociar en medio del conflicto resultaba conveniente y el paso al desescalamiento se debía aplazar al máximo, aquí parece necesario avanzar muy rápidamente hacia dicho desescalamiento. Y así.
Lo que ha sucedido en medio del anuncio ha sido muy diciente al respecto. Tanto frente a la exigencia de pago por la liberación de Ramón Cabrales, el consejero de la Gobernación de Norte de Santander, como frente al anuncio del presidente Santos de que “no es aceptable avanzar en una conversación de paz con el Eln mientras mantenga personas secuestradas”. La respuesta de los comandantes del Eln ha generado indignación, con todo y que en sentido estricto haya lógica en pensar que si se negocia en medio del conflicto el Eln no puede quedarse sin financiación o que un proceso no puede partir del reconocimiento de sólo algunas víctimas y no de todas. Esa lógica no tiene espacio político a estas alturas, y es bueno que el Eln lo entienda rápido.
La negociación requiere un gesto de su parte para que gane confianza entre los colombianos. Lo dicho, la paciencia ya es escasa y no hay proceso que pueda subsistir, ni siquiera comenzar, sin un mínimo apoyo ciudadano. Tanto más en cuanto el primer punto, y el eje diferencial de esta negociación, es la participación de la sociedad en los puntos de la agenda.
Celebramos, pues, este anuncio y confiamos en que las partes entenderán que deben ser en extremo cuidadosas con los sentimientos de los colombianos para poder entrar en materia. El objetivo del fin del conflicto y la oportunidad que eso abre para construir un mejor país no acepta que se dejen llevar por caprichos.
¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com.