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El tema adquiere especial relevancia para Colombia por diversos motivos. No sólo por los sólidos lazos que nos unen con un país cercano, sino por el hecho de que compartimos grandes similitudes frente al narcotráfico. Tiene razón el presidente Felipe Calderón cuando dice que no se pueden comparar los dos fenómenos, dado que aquí hay que sumarle guerrilla y paramilitarismo. Sin embargo, en el trasfondo hay demasiados hechos comunes. Fueron los carteles de Medellín y Cali los que, buscando rutas seguras hacia Estados Unidos, vincularon a sus pares mexicanos durante los ochenta. ‘El narco’, como se le llama en México, aprovechó el desmantelamiento de los carteles colombianos para iniciar una lucha sangrienta por territorios que hoy afecta a gran parte del país. Los carteles de Sinaloa, Tijuana, Juárez, del Golfo, Beltrán Leyva y la Familia Michoacana se han convertido en poderes fácticos que se incubaron ante la permisiva mirada de autoridades nacionales y regionales, asesinando a su paso a periodistas, servidores públicos y miembros de la sociedad civil que se han enfrentado a dicho flagelo.
Como lo afirmara el propio Calderón, “al narcotráfico se le dejó crecer”. Y de qué manera. Por eso, cuando el gobierno federal reaccionó para enfrentar a los barones de la droga en una lucha sin cuartel, las cosas no han ido bien. Que es necesaria una política de aplicación de la fuerza, nadie lo duda. Sin embargo, crecen las críticas por la militarización, dado que la misma ha traído aparejada la creciente violación de los derechos humanos, así como la corrupción dentro del ejército. Sería aconsejable, al igual que aquí, contar con una política clara y aplicable que mediante labores de inteligencia permita atacar al ‘narco’ donde más le duele: sus finanzas.
México, que tiene una muy extensa y permeable frontera con Estados Unidos, viene desarrollando una política de cooperación con su vecino del norte, que todavía no da resultados importantes en el corto plazo. La Iniciativa Mérida, de octubre de 2007, y luego el aggiornamento que le hizo la administración Obama apuntan a lograr resultados a mediano y largo plazo, a pesar del temor en México por la intromisión de Estados Unidos en sus asuntos internos. De todos modos, se busca depurar y capacitar a las autoridades policiales y judiciales para que se ponga freno a la impunidad. No hay que olvidar que la Casa Blanca ha dado un giro significativo en este campo y su énfasis ya no descansa únicamente en la represión. El que se haya dejado de ver el problema como una “guerra” ya es un paso esencial en el sentido correcto, contario a la óptica que le imprimieron los republicanos.
Es hora de que Colombia, con el liderazgo que le corresponde en este tema, conduzca un diálogo abierto que permita analizar, junto con Estados Unidos y los demás países interesados, propuestas como las emanadas del informe que presentaron hace un par de años los ex presidentes Fernando H. Cardoso, César Gaviria y Ernesto Zedillo. Entre ellas resalta la de distinguir entre drogas duras y blandas para proceder a la despenalización de estas últimas. Justo lo contrario de lo que están haciendo Felipe Calderón y Álvaro Uribe. Es hora de actuar en conjunto para corregir costosos errores del pasado.