¿Miedo a echarse la soga al cuello?

Y así ha resultado: el proyecto de ley que buscaba modificar el Estatuto Anticorrupción para implementar normas “orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública” se aprobó este miércoles en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes sin varios de los instrumentos claves para evitar el flagelo que, según distintos estimativos, le cuesta al país al menos tres puntos del PIB anuales, sin mencionar el riesgo que implican las obras mal construidas y el costo de oportunidad de los programas sociales que se dejan de adelantar por la falta de escrúpulos de los servidores públicos. Aunque la reforma al Estatuto, como toda iniciativa reglamentaria, debería ser sólo una en el agregado de una verdadera política contra la corrupción, en su forma original alcanzó a ser un instrumento legal y administrativo bastante poderoso; demasiado, según los representantes.

Así, por ejemplo, la Cámara se negó a ampliar los términos de prescripción para las investigaciones disciplinarias por casos de corrupción. El plazo, hoy de cinco años, comienza a correr desde la ocurrencia del hecho y cuando los actos disciplinables se conocen, normalmente dos o tres años después, “es imposible tomar decisiones dentro del término de la prescripción”, explicó el procurador Alejandro Ordóñez. De igual manera, la Cámara no aceptó la ampliación de los términos para la aplicación de la sanción, que también quedaron restringidos a cinco años. Las prescripciones fiscales permanecieron igualmente quietas en los mismos cinco años. No obstante, el ministro del Interior, Germán Vargas, reconoció que la ampliación de los plazos era sólo una de las iniciativas, que además debía ser acompañada por un revolcón en la Rama Judicial, donde también campea la corrupción.

Los puntos más controvertidos, como bien podía esperarse, fueron los tendientes a revisar los mecanismos de contratación de obras públicas y financiación de campañas políticas. En este último caso surgió gran discordia con respecto a si les sería permitido a financiadores de las campañas contratar con el Estado. Finalmente, la Cámara rechazó las restricciones y aceptó sólo la vigilancia de la Procuraduría, sin dejar muy claro cómo esto disolvería el vínculo perverso entre financiación y contratación pública. Tampoco fueron escuchadas sugerencias como la de Transparencia por Colombia, que resaltaron un aspecto fundamental: la necesidad de incluir medidas que garanticen la publicidad de la financiación de la política: ¿quién financia, a quién, con cuánto? Esto permite el ejercicio del control social y político sobre los elegidos, además de ser un componente importante de la rendición de cuentas. Mucho le serviría al país saber, por ejemplo, a quiénes financiaron los Nule en sus buenas épocas.

Precisamente es en este punto, en el del manejo y la publicidad de la información, donde todavía falta mucho que recorrer. Camino que implica, entre otras, dejar atrás el lápiz y el papel, para pasar a mecanismos de mayor tecnología y más amplio acceso, que aumenten la veeduría ciudadana y restrinjan las posibilidades de fraude. De lo contrario, seguiremos viendo cómo sospechosamente pisos de edificios públicos se incendian, como lo hizo el cuarto que contenía el 80% de los archivos de contratación de la Alcaldía de Bucaramanga en 2002, durante la administración de Iván Moreno, hoy investigado por el carrusel de la contratación en Bogotá. Sí, el proyecto de Estatuto logró ampliar las penas para este tipo de delito, pero el reto es desincentivarlo por todos los caminos posibles y ninguno más efectivo que el de verse obligado a poner todas las cartas sobre la mesa.