Muchos hilos y cadenas gruesas

La silueta del mapa de corrupción comenzó a tomar forma con la revelación de la relación de Iván Moreno, hoy senador del Polo, con Emilio Tapia, el gran intermediario de la contratación del Distrito. Por denuncias de Alejandro Botero, un subcontratista que trabajó para el supuesto “cartel”, se supo que Tapia, oriundo de Sahagún, Córdoba, era “el eslabón de los contratos en Bogotá” gracias a su cercanía con la familia del Alcalde. A estas acusaciones se sumó la desconfianza que generaron los 3.800 votos de las últimas elecciones legislativas por Iván Moreno en esa población, donde nunca antes había hecho política, y la gran cantidad de funcionarios oriundos de Sahagún que entraron a trabajar al IDU. De “contratos por votos” se habló en su momento y se sugirió un desplazamiento irregular de los dineros del Distrito para financiar la consolidación del poder de la Anapo en el país.

Esta semana, una recolección de datos por parte de Gustavo Petro, Carlos Vicente de Roux y Luis Carlos Avellaneda para su informe de “hilos y gruesas cadenas” mostraron el panorama de lo que podrían ser “señales de corrupción” que tocan a los Moreno Rojas. Por ejemplo, el incremento del 5 al 20% de las contrataciones sin concurso y la reducción de 15% de las licitaciones públicas. O la concentración del 70% de los contratos en cinco grupos que, entre otras, recibieron sin justificación cesiones, adiciones y reajustes por 710.400 millones de pesos. Entre los nombres volvió a aparecer el de Emilio Tapia, a quien el IDU le adjudicó en 2009 el 19% de los contratos celebrados ese año y con quien se pactaron anticipos del 40%, cuando lo normal en obras civiles es 25%.

A éstos y otros hallazgos se sumó el “ventilador” de Miguel Nule, accionista del controvertido grupo constructor de su familia, quien denunció que el senador Moreno presionó para que le cedieran “unas estaciones de gasolina, propiedad de él o de su familia, en unos sitios específicos de la concesión Bogotá-Fusa”, donde los Nule eran concesionarios. La prueba clave de esta acusación sería un contrato que al respecto le envió por correo electrónico el abogado Álvaro Dávila, quien ha sido señalado como otro intermediario del “cartel de la contratación”. Dentro de sus explosivos señalamientos, Nule dijo también que Iván Moreno exigía un porcentaje de los contratos, como también el Contralor Distrital. Ésta y otras piezas de información, sostuvo, ya le fueron entregadas a la Fiscalía.

La Corte Suprema de Justicia, además, le abrió el viernes un nuevo proceso a Iván Moreno, el mayor de los hermanos, mientras el menor, el Alcalde de Bogotá, se quejaba ante los medios —sin aceptar preguntas, eso sí— “de los chismes, calumnias e injurias” de la que él considera es una campaña de desprestigio y difamación contra su administración y su familia. Como un juego político desvirtuó el informe de sus copartidarios, como una venganza por la cesión del contrato de la calle 26 las declaraciones de Miguel Nule.

El escándalo ante los indicios presentados ha tomado proporciones inusitadas. Ciertamente, sólo hasta que las autoridades completen el mapa con su respectivo sustento probatorio podremos saber quiénes son realmente los perseguidos y quiénes los perseguidores. Sin embargo, de encontrar inocentes a los acusados, las autoridades competentes tendrán que presentar los más completos y exhaustivos reportes, porque son tantos los hilos y cadenas que los unen a los más amañados tejidos de corrupción, que la opinión pública, hoy perpleja, difícilmente se convencerá de lo contrario.