No, la Corte Constitucional no fue mezquina con La Guajira

Con poco disimulada agresividad, el presidente de la República, Gustavo Petro, se preguntó en su cuenta de X: “¿En dónde estará la justicia?”. Lo hacía respondiendo a una decisión de la Corte Constitucional que tumbó un decreto de emergencia expedido para La Guajira donde se creaba un impuesto de facto sobre la factura de energía de los estratos 4, 5 y 6. Alfredo Saade, nombrado por el Gobierno director del Instituto de la Gestión del Agua, fue aún más evidente en su hostilidad. También en su cuenta de X, escribió: “La Corte Constitucional fue mezquina con La Guajira. Levántate, Colombia. Levántate, Guajira”. Lo que no cuentan es que el tribunal constitucional tomó una decisión para evitar el quiebre institucional y la burla a la democracia, en la que se denuncia que la administración Petro abusó de sus funciones y no utilizó las vías correctas para hacer cambios estructurales en La Guajira.

La justicia está protegiendo la democracia. Hace unas semanas comentamos cómo la Corte Constitucional tumbó el decreto de emergencia en La Guajira porque el Gobierno no cumplió con agotar todas las herramientas constitucionales que tiene a su disposición para atender la situación crítica del departamento. No es cierto que el alto tribunal haya sido mezquino con La Guajira. Fue el mismo que decretó el estado de cosas inconstitucional en La Guajira antes de que el presidente Petro llegara al poder y, al decidir sobre la inconstitucionalidad de la emergencia, dio un plazo de un año para las medidas más urgentes. Si una entidad del Estado colombiano ha liderado los reclamos por lo que ocurre en el norte del país es la Corte Constitucional. Por eso mismo es tan importante revisar los motivos de la reciente decisión que causó incomodidad en la Casa de Nariño.

Presidencia creó un cobro de $1.000 en las facturas de energía de los estratos 4, 5 y 6, llamado “aporte departamento de La Guajira”, para llevar energía a las zonas rurales. Para la Corte Constitucional, la existencia de este impuesto en “el ordenamiento jurídico, aunque haya sido temporal, compromete intensamente el principio democrático y el principio de legalidad de los tributos”. En palabras menos legalistas, el Gobierno violó la esencia de la democracia y además se saltó al Congreso sin justificación. Para sumarle al problema, la medida adoptada por la Casa de Nariño creaba una sanción para quien no pagara el impuesto que, en palabras del alto tribunal, “desconoce el debido proceso y resulta desproporcionada”. Más adelante, estudiando el rol de Ecopetrol en la construcción de proyectos de energía sostenible, la Corte concluye que las decisiones del presidente Petro son “un exceso en el ejercicio de la facultad legislativa excepcional que la Constitución política reconoce al presidente de la República en un estado de emergencia”.

Entonces no, la decisión de la Corte Constitucional no se trata de un golpe al bienestar de las personas en La Guajira, sino una defensa del Estado de derecho. Le corresponde al Gobierno tramitar sus reformas en el Congreso y construir los consensos que necesita.

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