No le den más vueltas a la muerte digna

La eutanasia en Colombia fue despenalizada en 1997, cuando la Corte Constitucional, a través de la sentencia C-239, reconoció que la muerte anticipada es un derecho fundamental, autónomo y separado del derecho a la vida. Sin embargo, la eutanasia permaneció en una zona gris: despenalizada, pero sin un marco legal adecuado que la regulara. Esto propició que los médicos y las EPS se negaran a realizar estos procedimientos por temor a incurrir en alguna irregularidad jurídica.

En 2014, la Corte reafirmó su posición, estableció el derecho de los ciudadanos a solicitar la eutanasia al sistema de salud y, en vista de la negligencia del Congreso, le solicitó al Ministerio de Salud que determinara cómo debían proceder pacientes e instituciones de salud. En cabeza del entonces ministro de Salud, Alejandro Gaviria, el Gobierno cumplió su deber y emitió una serie de resoluciones que destrabaron decenas de procesos.

Estas resoluciones orientan el cómo, pero no pueden resolver todos los pormenores que demanda un tema tan delicado. Ante ciertos vacíos legales, las barreras, las demoras y las negativas injustificadas para acceder a la eutanasia persisten. Sobran los casos que se han convertido en símbolos dramáticos de la lucha que deben asumir los pacientes —otra además de su enfermedad— para morir dignamente en Colombia. Como le explicó Carmenza Ochoa Uribe, directora ejecutiva de la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente, a El Espectador, “a falta de reglas claras, el temor es latente entre los médicos. Las resoluciones que ha emitido el Ministerio no tienen del todo el peso que se requiere; por eso se dilatan los procesos”.

Ahora, dos proyectos separados, pero que apuntan a resolver el mismo problema, fueron presentados tanto en la Cámara como en el Senado, por lo que es probable que terminen convertidos en uno solo por unidad de materia. Uno es de autoría del representante Juan Fernando Reyes Kuri (Partido Liberal) y el otro del senador Armando Benedetti (Partido de la U), quien ha insistido en la reglamentación de la eutanasia desde 2006.

Ambos establecen los casos en los que es posible acceder a la eutanasia —como que el paciente tenga una enfermedad terminal, un padecimiento incurable o una condición médica grave, que disminuya sus capacidades, afecte su calidad de vida y ocasione sufrimientos físicos permanentes—, así como los requisitos que debe cumplir el proceso, y coinciden en que debe ser producto de una petición libre, informada y reiterada del paciente.

Ochoa confía en que una regulación específica conducirá a que no haya más disculpas para entorpecer las solicitudes, y el tema parece contar con el visto bueno de amplios sectores. Sin embargo, existe el riesgo de que ciertos movimientos políticos y religiosos con representación y poder en el Congreso, cuyas posturas en contra de la eutanasia son conocidas, torpedeen la discusión.

Si bien es una tema difícil, que exige un debate serio y ponderado, los congresistas no pueden anteponer sus dogmas a un derecho que ya está consagrado y es inherente a la autonomía y la dignidad humanas. La discusión debe darse para que el Congreso reglamente la eutanasia de una vez por todas. No hacerlo sería un acto de indolencia imperdonable con quienes han decidido morir digna y anticipadamente.

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