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El 14 de enero pasado, Wilton Fauder Orrego León, guardaparques de la Sierra Nevada de Santa Marta, fue asesinado. Su jefe también ha denunciado amenazas en su contra. En total, son 19 los guardaparques que fueron amenazados en los últimos dos años; en los últimos diez años han sido asesinados once guardaparques. ¿Qué está ocurriendo?
En entrevista con El Tiempo, Julia Miranda, directora de Parques Nacionales Naturales (PNN), dijo hace poco que “la situación general de los parques nacionales es muy grave. El año pasado se hicieron 17 denuncias en la que los funcionarios reportan amenazas. También nos quemaron una cabaña en Picachos, nos han robado vehículos y ha habido retenciones”.
En Semana Sostenible, la directora agregó que “hay amenazas contra quienes trabajan en Tinigua, La Macarena, La Paya, Nukak, Paramillo, Sanquianga, Las Orquídeas, Farallones y Catatumbo Barí”.
Esta situación no es nueva porque los parques nacionales son territorios directamente relacionados con el conflicto y los grupos ilícitos. La reserva para la que trabajaba Orrego es un corredor que suele ser disputado por los narcotraficantes. En 25 parques hay presencia de artefactos explosivos (minas antipersona), que cubren cerca de 1.200 hectáreas. También son zonas con cultivos de coca, o que están sujetas a la deforestación y la ocupación ilegal.
En el 2017 se destruyeron un total de 12.000 hectáreas de bosques dentro de los parques. Los datos de la Organización de Naciones Unidas dicen que el cultivo de hoja de coca aumentó un 4 % en estas zonas entre 2016 y 2017.
La protección de los parques es de vital importancia para la paz y el desarrollo de Colombia. Su importancia ambiental y económica es notable. Según datos de PNN, en el 2017 estas zonas fueron visitadas por 1’653.090 personas, un aumento del 70,5 % con respecto al 2015. Una de las grandes promesas del Acuerdo de Paz era que por fin íbamos a poder potenciar el ecoturismo en el país. Entonces, los guardaparques son funcionarios esenciales. ¿Por qué sienten que están solos?
El Gobierno no puede descuidar esta situación. Además, en los planes de priorización de los recursos disponibles, no estaría mal pensar en cómo robustecer la capacidad de acción de PNN. Para combatir el cambio climático y a los ilegales necesitamos invertir con contundencia.
Observando el problema en el sentido macro, los asesinatos y amenazas contra guardaparques deben leerse en el mismo ámbito de los asesinatos a líderes sociales: allí donde el Estado no ha podido llegar ni llenar los vacíos históricos, los grupos ilegales siguen haciendo de las suyas y atacando a quienes le apuestan a la construcción de una mejor Colombia. No podemos dejarlos solos.
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