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Colombia recibió pésimas noticias ambientales esta semana: la tasa de deforestación en todo el país se disparó en 2016, pese a los esfuerzos y el compromiso de las autoridades, lideradas por el Gobierno nacional. Queda, no obstante, la esperanza de que se pueda frenar la situación, gracias a que los mecanismos de información están funcionando. El futuro de todos los colombianos lo necesita.
En medio de la Cumbre de Cambio Climático de 2015, en París, el Gobierno de Juan Manuel Santos hizo una promesa: que la tasa de deforestación en el Amazonas llegaría a cero en el año 2020. Alemania, Reino Unido y Noruega dijeron que, si el país lo lograba, ellos aportarían US$100 millones de manera gradual como recompensa, y que, si además se reducía la tasa en todo el país, estarían dispuestos a duplicar el dinero. Más allá del incentivo económico, la realidad es que el país necesita ese tipo de metas ambiciosas para preservar su sostenibilidad ambiental y para prepararse para los efectos del cambio climático que ya son inevitables.
Sin embargo, todo parece indicar que la meta no se cumplirá. Lo que es peor, la tasa de deforestación se agravó de manera preocupante el último año. El Ideam, encargado de calcular la cantidad de bosque que pierde Colombia, anunció que, en 2016, la deforestación aumentó un 44 % respecto del año anterior. Es decir, Colombia borró de su territorio 178.597 hectáreas de bosque. Siete departamentos en Colombia (Caquetá, Chocó, Meta, Antioquia, Norte de Santander, Guaviare y Putumayo) representan un 73 % de la deforestación nacional. San Vicente del Caguán, Riosucio y Cartagena del Chairá fueron los municipios con más de 10.000 hectáreas de bosque perdidas.
Podríamos seguir mencionando cifras, como que el 95 % de la tala de bosque está concentrada en tan sólo 30 municipios y el 60,2 % corresponde al Amazonas, pero hay suficiente ilustración para una conclusión: Colombia no va por buen camino.
Dicho eso, hay motivos para creer que esto tiene vuelta atrás. Primero, la publicación transparente de las cifras no sólo demuestra la voluntad del Gobierno para enfrentar el problema, sino además que las medidas de monitoreo están funcionando. Hoy sabemos con exactitud la magnitud del reto. Segundo, contamos con un diagnóstico preciso del problema y sus causas, aunque parezcan estar fuera de control, lo que llevó al Ministerio de Ambiente a anunciar un plan de choque, coordinado con distintas autoridades para responder a cada uno de los problemas particulares.
Lo que queda en el aire es la pregunta esencial: ¿cómo pasamos de estas cifras terribles, acompañadas de discursos oficiales comprometidos, a acciones reales? Y, claro, ¿por qué nos ha quedado grande este reto?
Es paradójico, por ejemplo, que una de las causas de lo ocurrido sea la inversión que, con el fin del conflicto, llega a zonas marginadas, lo que ha fomentado la deforestación para acercar las fincas a donde pasarán las nuevas vías. No puede permitirse que esta coyuntura histórica sea otro espacio para que se perpetúe la idea del “progreso” a costa de la sostenibilidad ambiental.
Colombia necesita tomarse en serio la pregunta por su sostenibilidad ambiental y tomar medidas contundentes cuanto antes. De lo contrario, seguiremos desperdiciando el que quizá es nuestro recurso más valioso y los resultados a corto, mediano y largo plazo serán nefastos. Por eso, la deforestación debe estar en el centro del debate nacional y electoral. Podemos evitar esta tragedia anunciada.
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