Nuevas tendencias

No solo uno disponible, sino uno que lleve al pasajero para donde necesite, que no cobre más por la carrera y que esté dispuesto a aguantarse esos lentos recorridos. Casi imposible. No queremos tapar bajo la misma cobija a todo el gremio de taxistas: la mayoría de ellos son trabajadores honestos que muchas veces se ganan una mala fama por pecados que no son suyos. Sin embargo, las fallas son el principal punto de partida para cualquier discusión sobre su trabajo en general: los pésimos representantes son los que la opinión pública tiene más presentes.

Esta época sirve, entonces, para revivir el debate de hace una semana: eso que el viceministro de Transporte, Enrique Nates, dijo de que el servicio prestado por la aplicación Uber era ilegal. Un claro ejemplo de la interpretación del derecho a rajatabla: como no se ha constituido como empresa de transporte, no tiene un marco legal de donde apoyarse. Cosa que ha indignado a más de uno: ¿Por qué un servicio por el que un usuario paga es declarado ilegal por el Estado? ¿No es acaso mejor (más caro, también) que el corriente? ¿No tiene derecho la persona con el dinero disponible a recibirlo? Esas son las preguntas corrientes.

Uber es una aplicación diseñada para la élite: requiere de un teléfono inteligente, una tarjeta de crédito y la facilidad de pagar entre 20 y 30% más que el servicio promedio. Pero los taxis no quieren, tampoco, perder a esos clientes. De ahí que celebren la apresurada decisión del viceministro. Los voceros de Uber dicen que ellos son una plataforma tecnológica. no una empresa de transporte: sirven como intermediarios entre los usuarios y los conductores. El vacío legal es evidente: ¿A cuento de qué esa empresa va a transformar su razón social? ¿No sería eso, ahí sí, abiertamente ilegal?

Como siempre, la realidad le ganó la carrera al derecho. Con todo, el Ministerio de Transporte anunció en julio de este año que diseñaría la reglamentación, pero no ha pasado nada. Prefirió pasarle la pelota caliente al Ministerio de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones, como si la problemática estuviera en esa cartera. Pero no: es evidente que se trata de un lío que debe atender ese mismo despacho que declaró ilegal el servicio. Y pronto. De una forma inteligente (y sin dejarse mangonear por el lobby ya bien conocido de las partes en conflicto), pensando sobre todo en los usuarios y no en quienes reciben dinero de ellos. Para eso es que sirve un Estado. Por eso mismo es que en naciones serias este avance tecnológico ya está derechito y funcionando a carta cabal. ¿Qué nos lo impide?

Llegó la hora, pues, de generar una solución seria, en la que prime lo que un mercado debe tener: libre competencia. Si al gremio de taxistas tanto le asusta que estos carros blancos le destruyan su negocio (cosa que vemos difícil), pues que hagan sus exigencias para que no existan rasgos de competencia desleal y, ahí sí, que el mercado regule: que el ciudadano elija al mejor y le dé primacía al que le genere más comodidad. Sería un episodio de gana-gana. Ojalá el Gobierno no deje pasar esta buena oportunidad.