Obligado a lo imposible

¿Qué pasó con el exsuperintendente? Todo se remonta al año 2012, cuando la sociedad anónima Salud Andina le solicitó a la Superintendencia de Salud que la autorizara para ejercer como una EPS. La Superintendencia Delegada para la Atención en Salud dio luz verde para la constitución como EPS llegando finalmente al despacho de Morales. Ahí surgió la raíz de su penuria: encontró que David Peláez Pérez y Carlos Bula Vieco, secretario de Salud del Atlántico y secretario de Salud de Soledad (Atlántico), respectivamente, hacían parte de las cinco sociedades que conformaban Salud Andina. Y eso por ley no se puede. Aparte, también, llamó su atención la advertencia que mandó el secretario de Transparencia de la Presidencia, Rafael Merchán, de que dos socios de esa entidad podrían tener vínculos con paramilitares en la Costa Caribe. Dando un vistazo rápido a los hechos, parece que Morales obró como debía.

Eso no pensaron, sin embargo, los miembros de dicha sociedad anónima, quienes demandaron a punta de tutelas la decisión que él había proferido. El mecanismo expedito, sin embargo, tenía objeciones legales bastante dicientes: ¿no sería el Consejo de Estado el que debería evaluar la nulidad de dicho acto administrativo? ¿O tiene la decisión de la Superintendencia en Salud alguna particularidad que hicieran imposible solicitar su nulidad? No parece. Luce, más bien, como una de esas perversiones a las que se somete a la tutela, que dan comidilla a quienes quieren regular el mecanismo para ir eliminándolo de a poquitos de nuestro ordenamiento. Pero ahí no para la cosa.

La decisión de la tutela fue ordenar a la Superintendencia de Salud, en un plazo de 48 horas, habilitar a Salud Andina como EPS: es decir, que hiciera en dos días lo que requiere estudios previos concienzudos que toman más tiempo. Obligado a lo improbable, por ahora.

Sin embargo, un mes después de que Morales dejara de ser superintendente, el juez Volpe ordenó su arresto por el desacato: para que cumpla la tutela, cosa que ya no podía hacer. Obligado a lo imposible, en este caso. “Una cadena de absurdos”, dijo a través de Twitter el afectado. Así parece.

Un caso interesante, sin duda, que sería bueno que el Consejo Superior de la Judicatura, tal y como lo solicitara el ministro de Presidencia, debería mirar con lupa de manera rápida, atendiendo sobre todo los criterios de justicia básicos. No es de esta casa editorial condenar las actividades de la justicia: pero harta polémica legal es la que destapa este extraño caso de Gustavo Morales. Que se examine mejor, por lo menos, es nuestro deseo de fin de año.