¿Ocultaron las Farc a sus testaferros?

¿Incumplieron las Farc lo pactado en La Habana al no declarar dentro de sus bienes los supermercados Supercundi, Merkandrea y Mercafusa? La Fiscalía cree que sí, mientras que el partido político FARC denuncia un “espectáculo mediático” para entorpecer la implementación de los acuerdos. En cualquier caso, hay un triunfo en medio de todo: que el debate se esté dando en el marco de la legalidad, a través de los estrados judiciales (y, eventualmente, dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP), y no con un grupo alzado en armas. El país debe conocer lo más pronto posible si en efecto la exguerrilla estaba ocultando la labor de sus testaferros.

El actuar de la Fiscalía fue contundente. Acompañada por el Ejército, realizó la extinción de dominio en bienes a nombre de dos familias, los Mora Urrea y los Chaux, quienes según el ente investigador ayudaron a lavar dinero ilícito que servía para financiar a las Farc cuando todavía estaban alzadas en armas. Si la versión de los investigadores es cierta, esto significa que en la entrega de bienes para reparar a las víctimas del conflicto los ahora desmovilizados miembros de la FARC ocultaron recursos claves, en incumplimiento de lo pactado y confirmando lo que el fiscal, Néstor Humberto Martínez, ha venido denunciando.

Las cifras son impresionantes. Los Mora Urrea (cuatro) fueron capturados y todos sus bienes se incautaron. Hablamos de 60 locales comerciales en varias zonas del país bajo los nombres de Supercundi, Merkandrea y Mercafusa, avaluados en $650.000 millones. Además, se intervinieron cinco sociedades, 70 cuentas bancarias, siete casalotes, cuatro predios rurales, 29 lotes urbanos, 15 apartamentos, tres casas, siete locales comerciales y 27 vehículos. Por su parte, a los Chaux se les extinguió el dominio de bienes avaluados en $15.000 millones.

Según la Fiscalía, los supermercados, que ofrecían rebajas impresionantes a sus clientes, servían para lavar dinero y alimentar a las tropas de la guerrilla. En cuanto a los Chaux, señala su cercanía con Tomás Medina Caracas, el Negro Acacio, jefe de las Farc que fue dado de baja en el 2007 y tenía lazos con el narcotráfico.

De probarse en juicio que estos bienes eran utilizados con fines delictivos, es una buena noticia para las víctimas, pues se expande el universo de recursos para su reparación. La Fiscalía debe continuar con su trabajo para rastrear todas las fuentes de financiación que se hayan utilizado durante el conflicto y no estén declaradas.

La FARC ha dicho que la Fiscalía está actuando “de manera irresponsable”, niega su relación con los supermercados y dice que “todas las imaginerías y arbitrariedades sobre las fabulosas cifras presuntamente no declaradas por las Farc tendrán que demostrarse (ante la JEP)”. También dicen que hay un “cartel de testigos (falsos)” y que el fiscal quiere entorpecer el Acuerdo de Paz.

No estamos de acuerdo en desacreditar a la Fiscalía; lo que ocurrió es coherente con las advertencias hechas por esa entidad incluso desde antes de firmar el acuerdo. El caso se ha construido de investigaciones propias con base en testimonios de guerrilleros desmovilizados, proceso que viene desde el Caguán. Como en todos los casos, hay un riesgo de que las declaraciones sean engañosas, pero esto tendrán que definirlo los jueces pertinentes. En últimas, los colombianos, que verán en los tarjetones a exmiembros de las Farc, necesitan saber con exactitud si hubo hechos que se ocultaron y si la exguerrilla ha sido totalmente transparente.

La FARC dice que ha cumplido con todo lo pactado y eso, en efecto, es cierto. En este espacio hemos celebrado su colaboración en todas las etapas del proceso. Pero eso no es garantía de que en este caso no hayan faltado a la verdad, especialmente cuando el incentivo económico es tan alto. No basta, eso sí, con la versión de la Fiscalía. Pero estamos, paradójicamente, ante otra de las bondades del acuerdo: dejadas las armas, la batalla se mueve a los juzgados. Que la justicia le cuente al país lo que ocurrió con estos bienes y que los responsables carguen con la consecuencia de sus actos y omisiones.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com.