Otra mordaza

Abre la norma diciendo que los medios tendrán acceso a los centros de reclusión. Y, de ahí para adelante, empieza a aumentar las regulaciones existentes para poder entrevistar a sindicados en las cárceles, de manera absurda. En esencia, una autorización del juez competente, quien, además, deberá tener en cuenta el “efecto” (lo que sea que eso signifique) sobre las víctimas del interno, la seguridad nacional, el orden público y otra seguidilla de valores imprecisos y demasiado amplios que abren la puerta al control previo de la actividad periodística.

Dicho en cristiano: a la prensa se le restringirá el acceso y deberá pasar una serie de pruebas burocráticas interminables y con seguridad represadas. Es decir —aun cuando no lo quieran aceptar los proponentes, encabezados hasta ayer cuando, tarde, pareció echar reversa, por el gobierno de Juan Manuel Santos—, se pretende imponer una mordaza al ejercicio natural, y trascendental, en muchos casos, de entrevistar a los internos de una cárcel.

Dice la ministra encargada del ramo, Ruth Stella Correa, que la medida busca prevenir la influencia de la prensa en los jueces. “Hay casos muy importantes en los que se da una victimización de los procesados o que generan tanta presión que pueden llegar a influenciar la decisión”. Puede ser, y ha sucedido. Como también, y mucho más, lo contrario: que el conocimiento de la verdad de un sindicado haya impedido una arbitrariedad o contribuido a esclarecer muchos casos cuyas investigaciones iban por camino intencionadamente desviado.

Hemos usado este espacio muchas veces para condenar la mediatización extrema de la justicia. Y es cierto: los medios han sido, hemos sido, a veces irresponsables al adelantarnos a las decisiones judiciales o tomar partido por lo que consideramos conveniente. ¿Pero restringirlos? ¿Es esa la solución? ¿Ese es el tipo de sociedad democrática en la que queremos vivir? No, señora ministra, la calentura no está en las sábanas. Y pretender igualar la actividad periodística con la de la justicia es insólito, por decir lo menos. Si jueces y fiscales no fueran capaces de hacer sus investigaciones y juicios en medio de la más completa información, sabiendo valorarla judicialmente y no con las presiones de la emoción colectiva, entonces ¿para qué existen? Bajo el argumento del Gobierno, la labor de la justicia equivaldría más o menos a realizar encuestas de opinión. ¡Por favor!

En la opacidad quizás sea cierto que se puedan producir sentencias más agradables a la tribuna, pero no más justas. El ocultamiento, el escenario planteado y votado a favor redundaría en situaciones muchísimo peores. Si no, recordemos por ejemplo el caso del exdiputado Sigifredo López, víctima de las Farc a la ida y del Estado a la vuelta, por cuenta de la ineptitud de la Fiscalía, que le abrió proceso por haber sido supuestamente cómplice en el secuestro de sus compañeros en la selva. Si no se le hubiera permitido hablar, ¿habría tenido opción de recuperar su nombre?

No se requiere de mucha imaginación para visualizar ese escenario posible después de que fuere aprobada esta esperpéntica norma. Uno de opacidad y arbitrariedad, generado bajo el supuesto noble propósito de mantener a la justicia en un mundo puro y hermético a cualquier presión. Lo siguiente sería impedir que los sindicados lloren, no vaya y sea que influencien al juez, ¿o qué más? Ojalá los senadores que habrán de revisar esta norma sepan distinguir el juego retórico por la justicia purificada del peligro que representa el control y ocultamiento de la información para el fin supremo de una justicia verdadera.