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Colapsó otro intento por reformar la justicia, pese a que el Gobierno había anunciado su propuesta con bombos, platillos y la promesa de que se había construido un consenso previo con todas las fuerzas involucradas. Es una lástima, pues el país lleva muchos años en deuda de modificar aspectos estructurales del aparato judicial. La demora no hace más que causar más desconfianza en los ciudadanos.
Al Gobierno de Juan Manuel Santos le hundieron dos reformas a la justicia: una en el Congreso y la otra en la Corte Constitucional. En aquel entonces, quedó el sabor amargo de que hay funcionarios, tanto en la rama judicial como en la legislativa, que se sienten muy cómodos con el statu quo. Por supuesto, al momento de dar declaraciones públicas todos los sectores afirman con seriedad la necesidad de una reforma, pero en la práctica hay una total falta de voluntad.
Esa lección la tuvo que aprender a las malas el presidente Iván Duque. Aunque la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, presentó al Congreso un articulado de reforma, los parlamentarios dilataron la discusión hasta el punto de volver inviable aprobar algo este año. Este Gobierno todavía no ha sido capaz de conjurar mayorías parlamentarias alrededor de sus propuestas insignias lo que, si no cambia, augura un cuatrenio con muchos obstáculos.
Podríamos lamentar la falta de liderazgo político en el Congreso, así como criticar la perversa influencia de ciertos poderosos de la rama judicial, pero es una realidad con la que cualquier intento de reforma tendrá que lidiar.
Por eso, creemos que la solución es volverlo a intentar con mejor estrategia. En columna de El Espectador, Jorge Iván Cuervo propuso que “el Gobierno y la ministra Borrero se tomen seis meses y presenten un paquete de reformas en la próxima legislatura el 20 de julio de 2019, y que durante la primera parte del año se trabaje en un proyecto de consenso, en la medida de lo posible, con las altas cortes, los magistrados de los tribunales, los jueces, la academia y los centros de pensamiento sobre temas de justicia”. Nos parece que es el camino acertado.
De hecho, el Gobierno ha dado señales de que ese será su plan. La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, anunció la instalación de unas mesas de trabajo para socializar las propuestas de reforma a la justicia. En sus palabras, “el Gobierno no da su brazo a torcer, nuevamente presentaremos el proyecto (…) Los temas de la reforma a la justicia son varios y se requiere de acto legislativo, leyes estatutarias, leyes ordinarias, que implican modificaciones a los temas de fuero, de descongestión judicial (…) el Gobierno los estará presentando el próximo año”.
Solo queda esperar que esas mesas técnicas no corran con la misma suerte de la mesa instalada a propósito de la consulta anticorrupción, otra gran deuda del Gobierno y el Congreso.
¿Será que la cuarta es la vencida? El país necesita que así sea.
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