Otro período perdido

Este fue el período legislativo del ausentismo y las suplencias. Preparar las siguientes elecciones fue más importante que asistir al Congreso. No se salvaron ni las sesiones extras convocadas por el Gobierno Nacional. Fue tan lamentable el nivel de asistencia que el propio procurador, Alejandro Ordóñez, ordenó una visita de la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa, que arrojó como resultado la orden de investigar a 25 legisladores por no acudir a las sesiones plenarias. Y cuando asistieron, a algunos, como la senadora Claudia Rodríguez de Castellanos, se les vio muy activos promoviendo inocuos debates, como el de la prohibición de los desnudos en las tapas de las revistas.

En materia de proyectos de ley discutidos y aprobados, pocos por cierto, cabe mencionar el impuesto al patrimonio con que el Gobierno pretende recoger 3,1 billones de pesos por cada año en que el tributo estará vigente. Sin duda un espaldarazo a la política de seguridad que lidera el presidente Uribe y que, no obstante las recientes críticas que ha recibido, cuenta con el apoyo de las mayorías uribistas en el Congreso.

Igual ocurrió con el referendo reeleccionista, cuya accidentada discusión copó la atención y las energías de la corporación. No hubo proyecto de ley que no estuviese supeditado a la aprobación de éste, con varios de mensajes de urgencia del Palacio de Nariño. Igual se colaron otros dignos de mención, pero no por ello trascendentales, como la gratuidad en la ligadura de trompas y la vasectomía, el aumento de los castigos para los autores de las pirámides y la ley de seguridad en eventos deportivos.

Por lo demás, aquellos temas que requerían de la misma premura y apoyo con que las mayorías gubernamentales agilizaron los temas que le eran de especial interés al presidente Uribe, simplemente no fueron discutidos o cándidamente fueron aplazados para futuras sesiones. Ahí están la ley de víctimas, que ni de cerca recibió la preponderancia otorgada al impuesto al patrimonio, y la ley estatuaria que desarrolla la reforma política anteriormente aprobada y que fue obviada sin mayores razones.

Igualmente, escandalosos episodios en los que el Ejecutivo ha debido gastar su capital político para adelantar reformas requeridas no fueron objeto de mayores consideraciones. Más allá del bombo mediático con que fue prometida la reestructuración del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), lo cierto es que ni siquiera se avanzó en la creación de la comisión de seguimiento a la política de inteligencia y contrainteligencia del Estado. Un tema crucial para el ejercicio mismo de la oposición. Entre tanto, todas las baterías, y la alharaca, se enfilaron hacia una reforma constitucional que, como gran cosa, prohíbe el porte y consumo de la dosis mínima de droga.

El balance es deplorable. Y todavía hay quienes sostienen, sin pudor, que las próximas elecciones cuentan con todas las garantías. Poco importa que el Congreso más desprestigiado en años por obra y gracia de la penetración de los grupos armados en la política pueda reelegirse, idéntico a sí mismo, en los próximos comicios de marzo. El toma y dame asegura la sostenibilidad de un esquema que bien valdría una revisión de fondo. De lo contrario, seguiremos frente a un Poder Legislativo cuya independencia es un saludo a la bandera.