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El Consejo Nacional de Patrimonio confirmó lo que la Constitución ya dejaba claro: el galeón San José es un patrimonio cultural indivisible e inalienable de todos los colombianos. La verdadera pregunta sobre la mesa del Gobierno Nacional es si por fin levantará la reserva con la que erradamente se ha mantenido el proceso. ¿Cuáles serán los términos exactos para la contratación del rescate? ¿Por qué no considerar una licitación pública en vez de la suspendida asociación público-privada que propuso la administración de Juan Manuel Santos?
Desde el hallazgo de la nave, que fue hundida por los ingleses en 1708 en inmediaciones de las islas del Rosario, el Gobierno colombiano ha tambaleado para encontrar la mejor manera de llevar a cabo su rescate. Se estima que el galeón San José tiene tesoros avaluados en unos US$10.000 millones, pero sobre todo tiene gran importancia para la historia del país y de la humanidad. Lo que se haga en este caso, además, marcará el destino de los 1.100 naufragios que se estima hay en aguas colombianas.
A finales del año pasado, la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, anunció que el Consejo de Patrimonio declaró el galeón un bien de interés cultural de la nación. Se trata de un acto de soberanía ante quienes han intentado cuestionar la propiedad de Colombia sobre la nave. En palabras de la vicepresidenta, “el galeón es indivisible, no se pagará la extracción de este con ninguna pieza, con ninguna parte del patrimonio que se encuentra sumergido”.
Si bien celebramos la declaratoria, lo más importante es definir, como dijo Ramírez, “cuándo, cómo (y) con quiénes vamos a poder hacer la extracción de este galeón en las mejores condiciones que nos garanticen su conservación”. Un primer paso debería ser levantar la reserva con la que se ha llevado el proceso de adjudicación del rescate: no hay motivos para que los colombianos y los interesados en el mundo no conozcan cuáles son los términos de un posible acuerdo de extracción. La palabra la tiene el Gobierno Nacional, que ha dilatado innecesariamente las decisiones sobre este tema.
¿Qué va a pasar, entonces, con la asociación público-privada que se estaba planeando? En ese proceso, la más opcionada era la británica Maritime Archeology Consultants (MAC) por haber sido la única oferente, pero si se modifican los términos puede atraerse más interés internacional.
La vicepresidenta, en representación del Gobierno, ha dicho en varias ocasiones que la protección del galeón para todos los colombianos es uno de sus principales intereses. “Lo que está en el galeón San José puede tener gran valor económico, pero, antes que nada, todas y cada una de las piezas que se rescaten son de enorme e incomparable valor cultural e histórico para Colombia y para el mundo”, declaró Ramírez en octubre del año pasado en Cartagena.
Estamos de acuerdo. Por eso, por el bienestar de los colombianos y de su patrimonio cultural e histórico, así como la soberanía nacional, ya es hora de tomar decisiones de fondo para rescatar el galeón.
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