Para detener la violencia de género

Después de siete años de lucha, la magistrada del Consejo de Estado Stella Conto Díaz logró que la CSJ expidiera una sentencia que le ordena a su exesposo indemnizarla por la violencia intrafamiliar que ejerció contra ella, así como pagarle una cuota alimentaria mensual. En una decisión que, esperamos, deberá cambiar la forma como todos los jueces del país se aproximan a los procesos de divorcio, el tribunal dijo que “cualquier afrenta cometida en contra de las mujeres debe ser condenada y reparada, con mayor razón la cometida al interior del seno familiar”.

La decisión es fundamental porque en el caso de Conto se había identificado un “grave e injustificado incumplimiento del demandado de los deberes de esposo y padre”, así como actos de violencia en su contra, pero no se había concedido el derecho a una indemnización porque Conto no dependía económicamente de su expareja. La jurisprudencia establecida por la CSJ es ahora clara: allí donde exista maltrato, así sea en el marco de un divorcio de personas pudientes, debe haber una indemnización que busque reparar todos los daños causados, no sólo para las víctimas más vulnerables económicamente.

El caso de Conto, quien con valentía lo ha discutido abiertamente para fomentar la lucha contra el silencio cómplice que prima en la violencia de género, demuestra que el problema no distingue clases sociales. En entrevista con Semana, la magistrada cuenta que tardó en iniciar el proceso de divorcio por “temor de las reacciones de una persona agresiva, que entre otras cosas me advirtió que no me iba a dejar divorciar”.

Ese miedo es muy común. En el otro caso que mencionamos, un juez dejó en libertad a Ricardo Enrique González Tovar, quien fue condenado en primera instancia a 45 años de prisión por asesinar a sus dos hijas y apuñalar en 26 ocasiones a su exesposa, Luz Stella Forero Gómez. ¿El detonante de ese crimen? Forero pidió el divorcio. Y ahora, porque el Tribunal Superior de Manizales lleva demasiado tiempo sin emitir sentencia definitiva, González tiene derecho por ley a salir de la prisión, sólo seis años después de los hechos. Forero resumió el ridículo de la situación en una frase: “La que va a tener que encerrarse en una casa por cárcel soy yo”, por el riesgo que representa la libertad de su expareja.

Todo esto ocurre en el marco de los 50.767 casos de violencia entre parejas que ocurrieron en el 2016 según datos de Medicina Legal, la mayoría (85 %) con víctimas mujeres. Como explicó Catalina Ruiz-Navarro en El Espectador, es inevitable responsabilizar el contexto social colombiano que fomenta “la creencia de que la mujer es una pertenencia” sobre la cual se puede ejercer la fuerza.

El diagnóstico está más que documentado. Es momento de intervenir los problemas de la justicia. La decisión de la CSJ es un excelente avance, pero que haya tenido que llegar a esa instancia demuestra que los jueces de la República necesitan procesos de educación y debate que los hagan más sensibles a las particularidades de la violencia de género. Qué bueno sería, por ejemplo, ver más magistradas. Lo dijo Conto: las personas cercanas a esas situaciones pueden aportar experiencias de justicia que claramente están fallando en el país.

También se necesita más responsabilidad por casos como el de Forero. ¿Cómo es posible que, en situaciones tan extremas, los jueces no hagan su trabajo? Eso les envía un mensaje perverso a las víctimas: no hay quien las proteja.

Los incentivos para quedarse calladas abundan. Reformar el sistema judicial para que proteja a las víctimas no sólo es luchar contra la impunidad, sino que también combate las dinámicas culturales cómplices de los hombres que se sienten dueños de las mujeres.

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