¿Pérdida de estatus?

Con Juan Carlos Restrepo como director y liquidador de la entidad, todos sus trabajadores corren con los trámites de archivo para que el proceso culmine en el menor tiempo posible. La clausura de la DNE tuvo como motor principal el informe desarrollado por la Contraloría, la Auditoría y el Archivo General de la Nación. En él se ponen sobre la mesa muchas denuncias hechas con anterioridad: que la entidad se ha desnaturalizado debido a su enfoque exclusivo en la administración de bienes incautados y no en la lucha contra las drogas; que pese a este énfasis de trabajo, no existe coordinación ni planeación para hacerlo de una manera eficiente; que hay muchos indicios de corrupción, extralimitación de funciones, uso indebido de información, etcétera; que existe un déficit financiero como producto de estas dificultades; y finalmente, que el personal es insuficiente y de bajo perfil.

Los motivos sobran, son ciertos, y cualquier persona que esté familiarizada con el tema de las drogas conoce de cerca esta realidad. Una vez liquidada, como lo ha expresado el ministro Vargas Lleras, la DNE entrará (en este afán del Gobierno por reestructurar el Estado) como entidad adscrita al Ministerio de Justicia y de Derecho, bajo la figura de “dirección general”. Esto quiere decir que muchos de los rasgos de su autonomía y capital propio se perderán a instancias de una jefatura directa del ministro de turno.

El jefe de la cartera —aún unificada en Interior y Justicia— afirma que su entidad cuenta con la infraestructura, capacidad y conocimientos requeridos para asumir las distintas y múltiples funciones que fueron alguna vez de la DNE y que por malos manejos resultaron infructuosas. Desde la elaboración de propuestas para evitar el consumo de drogas, hasta dirigir el fondo de los bienes incautados, todas las tareas quedarán bajo la responsabilidad del Ministerio.

Es posible que con la mudanza al ministerio se solventen algunas de sus más profundas y denunciadas crisis. Con ello puede existir una mejor coordinación y vigilancia entre las autoridades que se encargan de combatir el tráfico de drogas, radicarse nuevos proyectos de ley o concertarse cambios fundamentales en el personal administrativo que la conforma. Y cuando se produzca la escisión, el hecho de que la DNE deje de estar adscrita al ministerio de la política hace también que ésta se aleje de las influencias politiqueras que le generaron tantos dolores de cabeza en el pasado.

Empero, por muy buenas intenciones en el momento actual, el hecho de que la DNE pierda su autonomía puede ocasionar un eventual debilitamiento de la entidad que mine su capacidad para afrontar los retos para los que fue creada. Ciertamente los escándalos destapados en los últimos meses obligan a tomar medidas, pero vale preguntarse qué tanto de esos malos manejos son resultado del diseño mismo de la entidad. Nos atrevemos a pensar que ahí no está el problema; la calentura no está en las sábanas y disminuir la autonomía de la DNE no parece solución alguna.

Con todo, sea cual fuere el nuevo diseño institucional, lo que se espera de una nueva Dirección General de Estupefacientes, principalmente, es que pueda hacer lo que en su tiempo no logró su predecesora: generar lineamientos de base, fundados y suficientes, para entender qué se debe hacer frente a la lucha antidrogas.