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Colombia necesita diversificar sus fuentes de energía y hacerlo de la manera más veloz posible. Esto se ha hecho evidente con las situaciones críticas en el aprovisionamiento de energía en los últimos años, pero también es una realidad ineludible ante el cambio climático: si no priorizamos la energía limpia, será difícil hablar de sostenibilidad y todos los colombianos pagaremos muy alto el precio de la inacción.
Hace poco, un informe de SER Colombia advirtió que “el reciente fenómeno de El Niño evidenció que la matriz energética colombiana necesita ser diversificada con energías renovables no convencionales, que sean complementarias para las ya existentes. Estas fuentes de energía tienen un gran potencial en el país y una participación mínima actualmente”.
Ya hay propuestas. Según la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME), existen cerca de 200 proyectos de energías renovables no convencionales inscritos ante esta entidad. Si todos estos entraran a funcionar, se estaría hablando de un potencial energético de alrededor de 4.000 megavatios de potencia (40 % de la demanda de potencia del país) y de inversiones por el orden de los US$6.000 millones. El problema, no obstante, es que la regulación no había evolucionado.
La buena noticia es que esta semana el Gobierno Nacional, a través de su Ministerio de Minas, expidió el Decreto 0570 de 2018, que busca “promover la contratación a largo plazo de proyectos de generación de energía eléctrica provenientes de fuentes renovables y complementarias a las actuales”.
Según Germán Arce, cabeza de la cartera de Minas, “se trata de la herramienta que complementa las señales de política pública que le permiten al país entrar con firmeza en la era de la generación con energías renovables”. Aunque faltan los detalles, se proponen lineamientos básicos para que el país se adapte al cambio climático, cumpla con todas sus promesas ambientales y tenga una matriz energética que esté preparada para los imprevistos que son, lastimosamente, cada vez más comunes.
Todos los diagnósticos apuntan a lo mismo: la generación de energía en Colombia está demasiado concentrada y tiene que diversificarse. Además, el país tiene que empezar a explotar sus características propicias para la energía solar y eólica. No sólo es una buena política ambiental, sino que ofrece oportunidades económicas que no deben desaprovecharse.
Como contó El Espectador, varios expertos solicitan que la participación se haga en igualdad de condiciones. Si bien entendemos esa preocupación, también hay que reconocer que las industrias de generación de energía renovable necesitan un empujón y en otros países han funcionado muy bien los incentivos para acelerar el desarrollo.
Entonces, se avanza, pero todavía falta ver en la práctica si logramos encender la chispa de una revolución energética en el país. Ojalá así sea, pues a Colombia le han faltado ambición y visión para diversificar su oferta energética y estar a la altura del reto ambiental. Esperamos que el próximo gobierno aproveche el camino andado para volver la energía renovable una prioridad nacional.
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