Por fin, resultados en el caso Odebrecht

Colombia sigue sin saber hasta dónde llegaron los tentáculos de Odebrecht en el país. Con las imputaciones más recientes anunciadas por la Fiscalía General de la Nación, la sensación que queda es que el exfiscal Néstor Humberto Martínez no estuvo a la altura de las investigaciones debidas y que, aunque el actual fiscal Francisco Barbosa prometió cerrar el caso antes de irse del cargo, en febrero del año entrante, nos quedaremos con muchas dudas. También persiste un sinsabor sobre el rol del Consejo Nacional Electoral en todo este escándalo, pues allí donde cerró procesos hoy el ente investigador encuentra múltiples delitos. Debe haber justicia.

Tal vez por sus efectos sobre las elecciones presidenciales del 2014, la imputación contra Óscar Iván Zuluaga es la de más alto perfil. A quien estuvo a unos cuantos votos de llegar a la Casa de Nariño se le vincula con los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particular. Adicionalmente, su hijo, David Zuluaga, quien fue el gerente de esa campaña impulsada por el Centro Democrático, enfrenta una imputación por fraude procesal. Los hechos no son nuevos, pero sí las pruebas: según el ente investigador, Daniel García Arizabaleta entregó audios donde demuestra que Zuluaga (padre) sabía del apoyo de Odebrecht a su campaña. En caso de ser cierto, al país le han estado mintiendo durante años.

“Las evidencias dan cuenta de que Óscar Iván Zuluaga tenía conocimiento del aporte ilícito y presentó una contabilidad con tal omisión ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), a fin de obtener una reposición de votos por más de $25.000 millones, como en efecto ocurrió”, escribe la Fiscalía y agrega: “Odebrecht giró US$1’610.000 a las cuentas de una empresa que el reconocido publicista tenía en Panamá. De esta manera, el aspirante presidencial, presuntamente, terminó de cubrir los honorarios de Duda Mendoça”. Las sospechas y los hechos son conocidos, pero el Consejo Nacional Electoral había absuelto a Zuluaga de responsabilidad. Con la imputación no solo pierden legitimidad el excandidato y su partido político, sino los magistrados del CNE que tomaron esa decisión. ¿Por qué ha sido tan difícil tener justicia electoral en Colombia?

Por otro lado, la imputación contra Cecilia Álvarez también invita a resignificar la lectura histórica que se le hace al gobierno de Juan Manuel Santos. Según la Fiscalía, la entonces ministra de Transporte “emitió una resolución, el 22 de julio de 2014, que permitió a la concesionaria Ruta del Sol instalar dos nuevas estaciones de peaje y subir el cobro en otras cinco que estaban en funcionamiento”, a pesar de que tuvo que haber hecho una nueva licitación. Según la Fiscalía, Álvarez habría favorecido a Odebrecht para beneficiar un proyecto fluvial sobre el río Magdalena construido por “varias sociedades (…) en donde tenían intereses económicos familiares de su pareja”. Gravísimo. No sobra recordar que Roberto Prieto, gerente de la campaña de Juan Manuel Santos en 2010, está condenado por aceptar financiación no reportada de la constructora brasileña.

Aunque les damos la bienvenida a los avances en las investigaciones, preocupa que haya pasado tanto tiempo y solo hasta ahora vemos resultados en casos de tan alto perfil. Queda la sensación de que no conoceremos los alcances profundos que tuvo Odebrecht en la política colombiana. Sin justicia no hay lucha anticorrupción que valga.

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