Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Muy tarde ha llegado la renuncia de Fernando Sanclemente a la Embajada de Colombia en Uruguay. Vinculado hace más de un mes al hallazgo de un laboratorio de cocaína en un predio sobre el que tiene un 50 % de propiedad (el otro 50 % es de la familia Spiwak, dueña de la cadena hotelera Dann), no había razón para que siguiera ejerciendo como funcionario del Estado colombiano. Antes que cualquier cosa, quienes le sirven a la nación deben poner por encima la legitimidad del Estado y garantizar que son idóneos para ocupar cualquier cargo.
En la carta de renuncia enviada al presidente Iván Duque este lunes, Sanclemente escribe que “se hace necesario marginarme de su administración y empeñarme a fondo en la defensa cerrada de nuestro buen nombre, defensa con la cual tengo la absoluta certeza quedará demostrada mi inocencia, transparencia y honorabilidad”. La pregunta obligada es por qué tardó tanto en tomar esa decisión: no puede tenerse un proceso de esta magnitud abierto y, al mismo tiempo, pretender representar a todos los colombianos.
Hizo falta que el fiscal general, Francisco Barbosa, hiciera declaraciones públicas sobre el caso para forzar la renuncia de Sanclemente. En entrevista con El Tiempo, el fiscal dijo que el exembajador tendrá que explicar cómo no se percató de tamaña operación. En su predio operaba un laboratorio de cocaína que se sacaba del país. En el operativo se incautaron siete toneladas de insumos químicos y diez kilos de cocaína.
La defensa de Sanclemente y de la Organización Dann es que ellos no ejercían dominio sobre el predio. En un comunicado, cuando se dieron a conocer los hallazgos, dijeron que “se sienten sorprendidos y víctimas de los eventuales hallazgos, y en consecuencia prestarán como corresponde todo el apoyo que demanden las autoridades para esclarecer esta penosa situación”.
En efecto, todos los involucrados tienen derecho al debido proceso y a la presunción de inocencia hasta que no sean vencidos en juicio. Eso no se está negando acá. Lo que ocurre es que, como hemos dicho en casos similares, los funcionarios no pueden defenderse de acusaciones tan graves y, al mismo tiempo, cumplir con sus labores públicas. Eso afecta la imagen de las instituciones, en este caso de la diplomacia nacional, debilita la confianza de los ciudadanos y deja la sensación de que importan más los individualismos que el bien común. También pone en aprietos a la Fiscalía que, de por sí, tiene el reto de demostrar autonomía ante el Ejecutivo.
Hizo bien, entonces, Sanclemente en renunciar, así se haya demorado en hacerlo. Ahora, la Fiscalía y la justicia tienen que darle razones prontas a Colombia sobre lo ocurrido. Son preguntas serias: ¿cómo podía operar un laboratorio de ese estilo sin que los dueños del predio lo supieran? Si la tesis de la defensa es acertada, ¿por qué los narcotraficantes se aprovecharon de ese predio? ¿Cómo llegaron a él, cómo lo seleccionaron? ¿Quiénes más estaban involucrados en la operación criminal?
¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com.
Nota del director. Necesitamos lectores como usted para seguir haciendo un periodismo independiente y de calidad. Por favor, considere adquirir una suscripción digital y apostémosle al poder de la palabra.
Conoce más