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El lamentable caso de Didier Luna, extécnico de la selección femenina de fútbol sub-17 denunciado por acoso sexual, es un recordatorio del ambiente laboral tóxico que siguen enfrentando las mujeres en el deporte y un ejemplo paradigmático de las frustraciones a las que se exponen las víctimas cuando denuncian. Ante las falencias que persisten para combatir el acoso, las respuestas de las instituciones siguen siendo insuficientes.
Hace un año se dieron a conocer graves acusaciones de acoso dentro de la selección femenina sub-17. Una de las denunciantes fue Carolina Rozo, fisioterapeuta del equipo entre 2017 y 2018, quien acusó a Didier Luna de acoso sexual y laboral, pues el entonces director técnico habría incurrido en actos como cercanía física inapropiada, insinuaciones pasadas de tono y gestos obscenos, además de maltrato laboral en retaliación por no acceder a sus pretensiones.
Ante la falta de respuestas y apoyo institucional de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Rozo se vio obligada a hacer público su caso y llevarlo a la justicia, pero no pudo volver a trabajar en el fútbol y sufrió afectaciones psicológicas y laborales.
Tras la denuncia, Luna fue llamado a juicio por la Fiscalía, pero el proceso terminó súbitamente la semana pasada cuando aceptó los cargos a cambio de modificar el delito por el que fue acusado: de acoso sexual a injuria por vía de hecho, que tiene una pena menor y es excarcelable. En otras palabras, firmó un preacuerdo para beneficiarse con una pena más laxa que probablemente le evite ir a la cárcel.
El exentrenador fue más allá en su cinismo cuando, en un comunicado y en entrevistas que dio luego a varios medios, entre ellos El Espectador, negó reiteradamente haber cometido los actos denunciados y explicó que aceptó cargos ante el juez porque se sintió presionado por los medios y la opinión pública. Además, aseguró que solo firmó el preacuerdo porque “fue algo meramente procesal” y le permitía “salir pronto del inconveniente”.
Las contradicciones en las que incurre Luna no solo dejan en entredicho la disculpa que ofreció a Rozo y la validez del preacuerdo, como alertó la Defensoría del Pueblo. Con ellas, el exentrenador se vale de un discurso manipulador y común entre los perpetradores que se victimizan para evadir el castigo.
Como lo expresó Diana Rodríguez Uribe, defensora delegada para los Derechos de las Mujeres y Asuntos de Género, “preocupa que en este grave caso de presunto acoso sexual, en donde la víctima está expuesta a diferentes presiones, sea el presunto agresor el que desconozca la responsabilidad admitida en la audiencia y ahora se victimice”, y agregó que este caso sienta “un grave precedente para situaciones similares en las que las víctimas deben luchar contra la impunidad y por el reconocimiento de los hechos que constituyen acoso sexual y que terminan siendo naturalizados por la sociedad”.
A la espera de que se conozca la condena contra Luna el próximo 16 de marzo, la FCF está en mora de adoptar los mecanismos necesarios para apoyar a quienes denuncian y reparar a las víctimas, además de evitar que se repitan nuevos casos. Es hora de que la dirigencia deportiva asuma responsabilidades y compromisos para combatir el acoso sexual y laboral, y para acabar con la cultura de silencio a su alrededor. Necesitamos mejores respuestas que protejan a las mujeres en el deporte y les garanticen un entorno laboral seguro y digno.
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