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Acometen todos juntos una finalidad bastante noble, loable: alejar las muertes que causan las minas antipersonales de la población civil. Acabar con ese reducto terrible que dejó en Colombia esa práctica infame no solamente es saludable y conveniente, sino que también es bastante diciente. Era un paso al frente, decíamos hace unos meses aquí mismo.
La política del desminado humanitario arrancó luego de la selección del sitio, un lugar claramente abandonado por el Estado, que tuviera una fuerte presencia no sólo de las Farc, sino también de su deplorable práctica y que se convirtiera en el piloto que redundara simbólicamente en el resto del país: la vereda El Orejón, de Briceño, en Antioquia, fue el lugar elegido. A esto siguió el segundo paso: el desarrollo de un estudio “no técnico” hecho a varias manos, un armazón elaborado con testimonios y documentos que se transformó en algo más técnico: delimitación de zonas, señalización de los posibles lugares, mapas de calor, entre otros. Y de ahí al tercer y último proceso: desactivar las minas.
El 6 de julio, a pesar del estricto protocolo de seguridad, el soldado profesional (entrenado para el tema) Wilson de Jesús Martínez Jaraba pisó una mina antipersonal que le destrozó la pierna derecha hasta la cintura y luego lo mató pese a los esfuerzos de un centro asistencial de la región. Terrible. Una vida más que se pierde como consecuencia de esta guerra maldita que queremos acabar. La tragedia refuerza, sin embargo, los temores más grandes a la hora de enfrentar las consecuencias de los diálogos: que nada funcione, que los esfuerzos se asfixien ante la impotencia: que se hundan. Queda esa sensación cuando un soldado entrenado pierde la vida apenas en el programa piloto, empezando todo.
Quisiéramos hablar de cosas más grandes que el solo desminado: la presencia de la comunidad, el refuerzo de los derechos, la llegada del Estado en sus formas más modernas y convenientes (salud, educación, dignidad). Pero no. La muerte de este soldado empaña todo esfuerzo de trasladar el debate a otra parte.
Quedémonos con lo poco y barramos de una vez el palabrerío que se ha armado alrededor de la noticia: hay que seguir con las labores de desminado humanitario como vienen haciéndose y no atendiendo a los ridículos pedidos para que sean las Farc las que lo hagan: esto no es un castigo, es una política mancomunada. Pero mientras seguimos, o al menos mientras hacemos una pausa para luego seguir, toca ir fortaleciendo los protocolos de seguridad, previendo un equipo médico capacitado que acompañe la operación, reduciendo el riesgo al mínimo concebible. Hay que pedirle a la guerrilla de las Farc más especificidad a la hora de hacer los mapas: precaución, memoria, alertas rojas. La sistematización de la información disponible debe estar al alcance de quienes van allá y se exponen con un propósito noble.
Del experimento de desminado conjunto dependen cosas inimaginables: se trata del aterrizaje tangible de este proceso de paz. El riesgo es grande, pero si la tragedia se presenta en la primera semana, es claro que hay que reevaluar toda la política. Adelante, pues.
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