Protejamos la protesta social

Con la desaparición de la guerrilla de las Farc y el esfuerzo para que los debates en el país se den alejados de la violencia, tomarse las calles es un mecanismo de expresión legítimo. Por eso, no podemos dejar de celebrar las protestas sociales que se han visto recientemente en Bogotá y en el resto del país.

El jueves, en el marco del paro nacional organizado por los sindicatos, las centrales obreras y las organizaciones campesinas e indígenas, vimos a muchos colombianos marchar de manera pacífica. Su objetivo de expresar reparos al Plan Nacional de Desarrollo (PND) presentado por el gobierno de Iván Duque se cumplió, dando una muestra más de cómo todo el país triunfa cuando se bajan las armas y se puede hablar abiertamente de las distintas visiones de país que conviven en Colombia.

Dicho esto, no sobra repetir algo que hemos dicho en el pasado, más recientemente con el bloqueo de la vía Panamericana: el derecho a la protesta social se desdibuja cuando su objetivo, más que obtener acuerdos concretos, es sabotear la gobernabilidad del presidente de turno. Invitamos a los líderes de este paro a que no caigan en esa trampa.

Lastimosamente, como se ha vuelto habitual, las marchas pacíficas de miles de colombianos se vieron manchadas por el actuar de unos pocos vándalos que se enfrentaron a la Policía y causaron muchos daños. En el centro de la ciudad se presentaron fuertes disturbios que terminaron con la destrucción de las mallas de protección de la Catedral Primada de Colombia, múltiples grafitis, varios locales comerciales afectados, ataques a miembros de la fuerza pública y 17 personas que serán judicializadas.

Como lo explicó muy bien el alcalde de la ciudad, Enrique Peñalosa, “en nuestra democracia respetamos el derecho a la protesta pacífica y la mayoría de los ciudadanos que protestaron cumplieron con las normas y respetaron la democracia. A los demás, es bueno recordar que el costo de reparar los daños salen de los impuestos que pagan los ciudadanos y que podrían ser utilizados en educación, parques o cualquier otra (cosa)”.

La violencia en todas sus manifestaciones no tiene cabida en el debate público. Se trata de un ruido injusto que asfixia los reclamos sociales, les causa gastos a todos los ciudadanos, crea enemistad entre las autoridades y los manifestantes y nos regresa a los peores años de la historia reciente del país.

Es necesario plantear una pregunta: ¿cómo garantizamos que el ejercicio del derecho a la protesta social no se vea acompañado por estos actos repudiables? Llevamos tantos años en esta discusión que parece utópico encontrar una respuesta, pero la necesitamos. Si Colombia va a madurar como democracia, todos los actores políticos, sin importar su origen ideológico, deben aceptar que la paz es requisito esencial para cualquier movilización.

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