Puede haber concesiones por la paz sin suplantar la justicia

Son entendibles las alarmas que se han encendido con la intención del presidente Gustavo Petro de liberar a los miembros de la Primera Línea que están siendo procesados. Se ha advertido que, por ejemplo, no es justo darles ese beneficio a personas que cometieron actos de tortura amparados en el caos producido durante el paro nacional del año pasado. Compartimos esa apreciación, así como la necesidad de diferenciar entre aquellas personas condenadas y otras que han visto cómo sus procesos se dilatan en medio de aplazamientos y carencia de evidencias suficientes. Dicho eso, el presidente está cumpliendo una promesa de campaña y, si no choca innecesariamente con la labor de la Rama Judicial, está haciendo una apuesta valiosa por la construcción de la “paz total” sobre cuyo eje ha puesto a girar su gobierno.

Este debate ha estado en medio de muchas versiones cruzadas. Quizá la intervención paradigmática de la oposición al Gobierno la hizo el fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, quien hace unos días dijo: “Yo no entiendo bien la figura de gestor de paz, porque lo que se habla dentro del decreto es de un vocero, entonces tendrían que explicarle al país, vocero de qué y de quién, sobre cuál proceso de paz (…) será la justicia la encargada de dar la última palabra sobre cualquier salida o entrada de las personas que están privadas de la libertad”.

Sin embargo, desde el Palacio de Nariño no parecen estar buscando una confrontación con la justicia. Hace dos semanas el ministro del Interior, Alfonso Prada, fue contundente: “No es una amnistía, no es un indulto, no es un perdón judicial. Quienes vayan a ser beneficiarios de esta medida quedan vinculados judicialmente a los expedientes y correrán la suerte que definan los jueces en sentencia judicial. Los procesos no se suspenden”. Ayer, con la publicación del decreto que crea una comisión intersectorial para definir quiénes serán gestores de paz, se refuerza esa idea. El mensaje es que la selección no será caprichosa ni desconocerá la necesidad de diferenciar entre casos. Nos parece que es la aproximación correcta.

La propuesta de una “paz total” implica hacer concesiones: así como se reconoce la interlocución con actores armados al margen de la ley que han cometido atrocidades, el Gobierno puede ver la necesidad de reconocer el estallido social y a los miembros de la Primera Línea como una parte esencial en la conversación nacional que está fomentando. Si no se está maniatando a la justicia ni suplantando sus poderes, y si las decisiones las toma el alto Gobierno con transparencia y claridad sobre quiénes son los designados, se está abriendo la puerta para la reconciliación en un país que quedó muy lastimado con lo ocurrido el año pasado.

Todavía faltan los detalles. Haría bien la comisión creada en compartir con el país los pormenores de sus deliberaciones y el presidente Petro debería, en sus discursos, aprovechar para dejar claro su respeto a la Rama Judicial, con la que ha habido innecesarios choques recientemente. De este momento de tensión puede crearse una oportunidad para empezar 2023 con un diálogo nacional mucho más productivo que el que hemos tenido hasta ahora.

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