¿Qué sigue después del Pico y Placa?

El debate en torno al pago de $4 millones al año para evitar el Pico y Placa en Bogotá ha puesto de presente que es momento de revaluar esa política pública. Aunque inicialmente se trató de una medida novedosa, necesaria y eficiente para mejorar la movilidad de la ciudad y aportar al cuidado del medioambiente, la realidad actual de la capital (y del mundo) exige nuevas y más ambiciosas respuestas. La nueva alcaldesa, Claudia López, deberá priorizar la experimentación con políticas que disuadan a los bogotanos de la compra de más vehículos y que nos lleven a transformar la ciudad hacia las energías renovables. En esto el Gobierno Nacional es un aliado indispensable. No es tarea sencilla, pero sí urgente.

La administración de Enrique Peñalosa propuso un pago extraordinario anual para poder saltarse el Pico y Placa desde 2016. Sin embargo, solo hasta este año, y gracias al Plan Nacional de Desarrollo que les permitió a las ciudades tomar ese tipo de decisiones, pudo presentar su propuesta de decreto. En síntesis, el Distrito les dice a sus ciudadanos que pueden circular sin la restricción haciendo un pago mínimo de $2’066.000 cada semestre.

Según Juan Pablo Bocarejo, secretario de Movilidad, “esta medida nos va a permitir aminorar el crecimiento del parque automotor, tener una fuente adicional de financiación para el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) y gestionar la demanda de transporte”. La idea, explica Bocarejo, es que las personas con mayores recursos, que se ven tentadas a comprar dos carros por familia para burlar la medida, más bien le den un dinero al Distrito que puede invertirse en mejorar el sistema de transporte público. La alcaldesa electa está de acuerdo: “Haré que esa plata se traslade a mejorar la flota (…) para que sea más limpia, ampliar las estaciones, mejorar los horarios y frecuencias para que de verdad lleguen a los barrios populares. Me parece que es la única manera de compensar la desigualdad y la inequidad que puede haber por ese cargo”.

En efecto, se trata de una medida que causa desigualdad. ¿Por qué los ciudadanos que ya pagan impuesto de rodamiento, pero para quienes los $4 millones están fuera de su presupuesto, no tienen derecho a acceder a esta exención? Es, a todas luces, un cálculo de puro pragmatismo: como no pudimos convencer a las personas de mayores recursos para que usen el transporte público, pues por lo menos les ofrecemos un incentivo para que no compren más carros.

Por eso, lo que vemos es una política pública agonizante. El Pico y Placa no es la respuesta para la movilidad de la capital y, además, esta exención llega muy tarde. Como explicó en Portafolio José Stalin Rojas, director del Observatorio de Movilidad y Logística de la Universidad Nacional, “la compra de un segundo automóvil ya se dio hace tiempo, hubiera sido (una medida) oportuna hace 20 años”. Los números lo respaldan: en Bogotá hay cerca de 1,8 millones de automóviles circulando y unos 90.000 hogares ya tienen dos vehículos.

La pregunta, entonces, es para la nueva alcaldesa y para el presidente Iván Duque: ¿dónde están los incentivos para la compra de medios de transporte limpios? ¿Cuál va a ser el plan de choque para que, por fin, el transporte público se convierta en la medida prioritaria de los capitalinos? El metro tardará, así como las distintas obras de infraestructura anunciadas. ¿Cuál será el nuevo Pico y Placa?

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