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La tutela contra una caricatura de Julio César González, más conocido como Matador, es una ridícula muestra del tipo de dictadura que ciertos personajes incapaces de entender el valor social del humor quieren imponer. De triunfar, y esperamos que no sea así pese a la historia reciente de nuestros tribunales con el tema de la libertad de expresión, la sátira dejaría de estar protegida bajo la Constitución y cualquier persona “ofendida” podría censurar las obras que lo incomoden. ¿Queremos ser el país del silencio?
La caricatura en cuestión, publicada hace un par de semanas, muestra a Iván Duque, precandidato presidencial por el Centro Democrático, convertido en un cerdo y con una viñeta que dice: “¡Ay, no! Soy el único uribista que no está ‘cochino’”.
José Luis Reyes, abogado, presentó una tutela porque, en su opinión, esa caricatura vulnera sus derechos al buen nombre, la libertad de conciencia y la libertad de elegir. Además, el abogado exige que Matador ofrezca disculpas por lo que él considera ha sido tildar a todos los uribistas de “cochinos”.
Por fortuna, la respuesta del propio Iván Duque fue mucho más sensata. Ya en enero había dicho en la W que “uno tiene que aprender a reírse. Los caricaturistas son artistas; a mí eso no me molesta”. Sobre este caso en particular, esta semana dijo en Caracol Radio: “Yo siempre he respetado la libertad de prensa y la caricatura de Matador es una expresión; no tengo nada en contra de eso”.
Es refrescante escuchar a un candidato de un partido que ha sido hostil al trabajo de la prensa reivindicar el derecho esencial a la crítica. Celebramos que no sucumba a la tentación de utilizar el reconocimiento que ha obtenido para aplastar a un caricaturista que lo único que está haciendo es su trabajo.
No obstante, el proceso persiste porque, al momento del cierre de esta edición, el abogado que la presentó no ha desistido de la tutela. Debemos, entonces, defender una vez más el derecho a la libertad de opinión y especialmente a caricaturizar la realidad con propósitos críticos.
Como lo dijo la Fundación para la Libertad de Prensa, “la sátira, la crítica y la parodia son ejercicios legítimos de la libertad de expresión. Una decisión judicial de censurar a Matador sería una afrenta grave contra su derecho fundamental a opinar”.
Hay que explicar lo obvio: una caricatura es un formato comunicativo que no tiene la misma carga de responsabilidad que una noticia. Las personas lo entienden: saben que el uso del “cochino” es un recurso satírico que, más que buscar precisión informativa, pretende provocar, debatir. La opinión debe poder incomodar e incluso ofender, especialmente cuando las sensibilidades heridas responden apelando a los estrados judiciales para silenciar un discurso. Eso es censura y, si la permitimos, sería aceptar la derrota ante la dictadura de la corrección política: sólo aquello que no incomode a nadie puede publicarse y decirse. Esperamos que los tribunales sean tan sensatos como el mismo Duque y, de paso, aprovechen este caso para reiterar con contundencia la protección de la libertad de expresión en Colombia.
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