¿Quién dio las órdenes a la UIAF?

No fue claro que el Ejecutivo basara sus suposiciones en un informe que la UIAF había enviado a la Fiscalía desde el 16 de mayo de 2008. Más bien quedó en evidencia que ese informe fue guardado por el Ejecutivo y sólo lo sacó a relucir, a su conveniencia, por la misma época en que la Corte Suprema dictó condena de seis años al senador Iván Díaz por el escándalo de la yidispolítica, de ocho años a Teodolindo Avendaño y abrió investigación a 86 congresistas por votar el referendo reeleccionista sin el aval del Registrador.

Desde entonces existían serias dudas frente a la autoridad y facultades de la UIAF para escarbar las cuentas bancarias de los magistrados sin una orden judicial. Y, lo que es peor, tras conocer la escasa contundencia del informe con el que se pretendía demostrar alguna ilegalidad de los magistrados, lo que quedó en evidencia fue la gestación de un escándalo premeditado, con el único objetivo de afectar el buen nombre de los dignatarios del alto tribunal.

Ahora la Fiscalía pide la detención preventiva del ex director de la UIAF, a quien sindica de los delitos de concierto para delinquir, abuso de autoridad y prevaricato, considerando que debe ir a prisión porque representa “un peligro para la sociedad y las víctimas”. En medio de su señalamiento, el ente acusador sacó a relucir el testimonio de Germán Albeiro Ospina, un ex funcionario del DAS que se acogió al principio de oportunidad y explicó que además, por la misma época, el capitán Jorge Lagos, del DAS, impartió la orden de dar a conocer a la prensa las pesquisas de un viaje que hicieron los magistrados a Neiva en 2008. Ello con el objeto, según dijo, de “neutralizar el arsenal de la Corte frente al Ejecutivo”.

Sin duda, un capítulo inédito del enfrentamiento entre la Presidencia y la Corte Suprema, que deja ver el uso indebido que se le dio a la UIAF, un organismo creado para combatir el lavado de activos. Por eso, mal hace ahora el presidente Uribe en defender, no a Mario Aranguren, pues está en su derecho, sino el procedimiento empleado por la UIAF respecto a la privacidad de los magistrados. Persiste la sensación de que la UIAF, que no es una agencia de inteligencia, fue utilizada con fines políticos.

Tampoco convence que el ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, se apresure a decir que la UIAF es un ente independiente que funciona bajo su propio objeto social y cuya única relación con el Ministerio es administrativa. ¿Una rueda suelta? Sería como insistir en que el DAS no depende de la Casa de Nariño. ¿Dónde quedan sus responsabilidades políticas? En beneficio de la sociedad, bueno sería que el ex director de la UIAF, antes que exponerse por otros a un largo carcelazo, diga la verdad que requiere el país: ¿Quiénes le dieron la orden de rastrear financieramente a los magistrados?