¿Quién tiene tierras en Colombia?

Un informe de El Espectador encontró que, de los seis millones de hectáreas cultivadas que tiene el país, poco más de 30 empresas extranjeras tienen un millón. Varias de ellas se encuentran en medio de procesos con las autoridades por no cumplir los requisitos y otras, aunque han quedado libres de sanciones, se sospecha que utilizaron argucias jurídicas para esconder la verdadera propiedad sobre las tierras. Todo esto ocurre en medio de un país que ha sido incapaz de actualizar el catastro multipropósito y ni siquiera de saber quién tiene qué tierras en toda la geografía nacional. Si bien miembros del Pacto Histórico y del gobierno de Gustavo Petro quieren impulsar un proyecto de ley para limitar la cantidad de tierras que los extranjeros pueden tener en Colombia, el problema de fondo es la falta de capacidad estatal y de políticas públicas de fomento agropecuario.

La cifra es llamativa no solo por la magnitud, sino por el contraste que representa ante la ausencia de datos oficiales sobre la tenencia de la tierra en el país. Todos los gobiernos han prometido una reforma agraria y una actualización del catastro multipropósito. Todos han fracasado de forma estruendosa. La administración de Juan Manuel Santos se comprometió a hacerlo después del Acuerdo de Paz de La Habana, pero no avanzó en el tema. El gobierno de Iván Duque hizo todo un esfuerzo de recursos para crear una propuesta, pero de nuevo se estrelló. El Ministerio de Agricultura de Gustavo Petro tampoco ha mostrado resultados.

El problema, que está sobrediagnosticado, es que sin información no podemos saber cuáles tierras tienen titulación legal y cuáles están siendo ocupadas de manera ilegal. La manera en que el partido de gobierno está planteando la discusión es uno de soberanía alimentaria frente a extranjeros. Es necesario, sin embargo, verlo con matices. Es verdad que Colombia no ha dado la discusión sobre cómo garantizar su sostenibilidad alimentaria, pero concentrarse en limitar la propiedad por parte de extranjeros es buscar la fiebre en las sábanas. Lo que tenemos es una falla histórica en proyectos de políticas públicas agropecuarias: a pesar de los billones y billones de pesos que el Estado ha destinado, no se ha empoderado a los productores, no se han construido cadenas de producción eficientes y competitivas, y hemos abandonado poblaciones enteras del país a su suerte. Ni siquiera tenemos información confiable, para empezar.

Esto no es para negar que es importante que el Estado empiece a tomar medidas. Dentro de la información que conoció El Espectador encontramos, por ejemplo, compra de hectáreas sin autorización o trampas para sobrepasar la Unidad Agrícola Familiar (UAF). La intervención de las autoridades debe ser contundente al respecto. Pero también hay que reconocer que las inversiones extranjeras han llevado desarrollo allí donde el Estado colombiano no ha sido capaz durante décadas. Sin diferenciar la propiedad legal de la ilegal, caemos en la trampa de castigar a quienes han sido transparentes y respetuosos de las normativas colombianas.

Necesitamos una discusión amplia, urgente y desprovista de retórica con aromas de xenofobia.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com.

Nota del director. Necesitamos lectores como usted para seguir haciendo un periodismo independiente y de calidad. Considere adquirir una suscripción digital y apostémosle al poder de la palabra.