Razones jurídicas

Desde la perspectiva jurídica hay que reconocer que la Corte tiene toda la razón. Sin embargo, a las decisiones jurídicas siempre las acompaña un entorno, unos hechos. Y la realidad, por el contrario, muestra que esta decisión, una vez sea aplicada, es bastante ineficiente, más simbólica que práctica y con un mandato ciudadano bastante corto.

Al alcalde Petro le quedan nueve meses de mandato. Una revocatoria (en el escenario de que sea votada a favor) implicaría un proceso para reemplazarlo en el cargo. Y eso no se da de un día para otro: el alcalde encargado, por ende, tendría un margen muy reducido, de un puñado de días, para finalizar la gestión. Y, además, dado que los tiempos no darían para una nueva elección, ese corto reemplazo lo haría un seleccionado de la terna que tendría que presentar Progresistas, el grupo político del alcalde. Ante ese escenario, ¿por qué no mejor dejar cerrar el turbulento ciclo de la Bogotá Humana? ¿Se desprende de nuestros derechos políticos sumar un episodio más a los que han acompañado esta gestión?

Lo segundo que hay que mirar en este panorama es la sanción que pretenden algunos a través de la revocatoria. No permitirle al alcalde salir por la puerta grande, sino por la de atrás, así sea a unos meses de que termine definitivamente el mandato, suena a recompensa. Como una sanción social verdadera. El problema es que la Alcaldía de Petro, con el correr de estos meses, se va volviendo cosa del pasado: los ciudadanos están pensando desde ya por quién van a votar para reemplazarlo. Los medios nos estamos preparando para el cubrimiento con la baraja de candidatos posibles. Los analistas ya están haciendo sus predicciones sobre qué va a pasar con la capital. Teniendo en cuenta todo lo anterior, ¿no sería una mejor sanción que los opositores se puedan concentrar en las elecciones que vienen? La revocatoria hoy ya es absurda.

Petristas y antipetristas, en su mayoría, coinciden en que esto de revivir la revocatoria es un error: se trata de someter a Bogotá a un traumatismo (uno más) innecesario que, por demás, costará algo así como $40.000 millones. La Registraduría, por ahora, ha dicho que pedirá la nulidad de la decisión de la Sala Quinta de la Corte; es decir, será la Sala Plena la que decidirá si deja en firme o no la orden. Esperamos que la Corte acelere ese proceso y, dados los hechos que rodean las razones jurídicas, eche para atrás su decisión. Lo jurídico se da en un entorno y este muestra que Bogotá no aguanta ni merece un proceso como ese en este momento. 

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com.