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La Corte Constitucional hizo lo correcto al abstenerse de hacer un pronunciamiento sobre las objeciones que presentó el presidente de la República, Iván Duque, a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz. El alto tribunal determinó que solo puede hacerlo una vez el Congreso haya decidido sobre el tema, dando vía libre para que las objeciones sigan su curso natural e institucional y conjurando los temores sobre un choque de trenes adicional con el Ejecutivo.
Por unanimidad, los magistrados de la Corte se inhibieron de establecer anticipadamente si el presidente Duque tenía o no competencia para formular objeciones a una ley que ya había pasado su control constitucional, y si el Congreso estaba habilitado para tramitar esas objeciones, inquietudes que habían sido formuladas por el presidente de la Cámara de Representantes, Alejandro Chacón, y por el procurador Fernando Carrillo. Fue una decisión prudente y respetuosa de la separación de poderes —fundamental en un Estado de derecho— que aplaudimos.
El que la decisión haya sido bien recibida sin distingo político, comenzando por el presidente Duque, demuestra que la Corte no solo obró en defensa de la institucionalidad, sino que supo entender el contexto y la crispación por la difícil coyuntura que atraviesa la implementación del proceso de paz, y actuar en consecuencia.
La sensatez de la Corte Constitucional logró conjurar un enfrentamiento mayor entre los poderes Ejecutivo y Judicial que hubiera sido tremendamente perjudicial para la institucionalidad del país. Mucho se especuló en los días previos sobre su posible pronunciamiento, y la filtración de un supuesto proyecto de fallo en contra de las objeciones hizo que algunos sectores políticos llegaran al extremo de emprender una campaña de desprestigio contra el alto tribunal y acusarlo de violar la ley, sin que este hubiera decidido siquiera.
La andanada de improperios no solo fue injustificada, sino que demostró la disposición de algunos a despotricar contra las instituciones y descalificar sus decisiones cuando estas no se pronuncian a su favor. Incluso, se llegó a hablar irresponsablemente de una asamblea constituyente para cambiar a la Corte. El respeto a la institucionalidad debe prevalecer sobre los intereses políticos (¿cuándo entenderemos la trascendencia de algo tan esencial).
Calmados los ánimos, solo le resta al Congreso asumir su labor con responsabilidad y diligencia, pues la Corte solo le dio tiempo hasta el 20 de junio, cuando terminará esta legislatura, para tramitar las objeciones. Una vez se cumpla ese plazo, los magistrados revisarán de nuevo la ley estatutaria, incluso si el Legislativo no llega a tomar una decisión. Esa presión es justificada, pues obliga a los parlamentarios a darle prioridad a un asunto que no debe suponer más retrasos para la necesaria aprobación de la ley estatutaria de la JEP.
Llegados a este punto, y dadas las inevitables consecuencias dilatorias de las objeciones presidenciales, es momento de superar los debates desgastantes y contraproducentes para que se libre la discusión en el Capitolio, como corresponde. Es urgente cumplir con los requerimientos legales para que la justicia transicional funcione en el marco de la ley y con todas sus facultades. Esperamos que el Congreso esté a la altura de lo que le espera.
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