Recuperar la Procuraduría

Carrillo declaró la insubsistencia de los 32 procuradores regionales del país, a quienes separó de su cargo para nombrar reemplazos temporales. La decisión, vehemente, vino después de varias quejas presentadas por supuestas presiones políticas de los funcionarios y la falta de requisitos para ocupar los cargos. Léase bien: los representantes de la Procuraduría a lo largo y ancho del país estaban aprovechando su cargo para adelantar sus propias agendas políticas y, en algunos casos, ni siquiera tenían las calificaciones adecuadas para ocupar dicha posición. Los principales puntos de atención del procurador fueron los departamentos de Santander, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Antioquia, Bolívar y Valle del Cauca, lo que sirve de pista inicial para empezar a preguntar qué fue lo que sucedió con las estructuras políticas de esas regiones, más en vísperas de una campaña electoral donde el exprocurador Alejandro Ordóñez tiene intenciones de ser protagonista.

La decisión de Carrillo fue tomada con rapidez para evitar un preaviso y que los procuradores regionales se inscribieran a los sindicatos o buscaran incapacidades médicas o laborales para seguir en sus respectivos cargos. Porque en esos términos está el servicio público nacional: estrategias para atornillarse en los puestos sin tener en cuenta las necesidades del país. Por supuesto, esta es la primera de muchas medidas que el nuevo procurador ha prometido tomar para reestructurar la Procuraduría General. Apoyamos toda propuesta que esté encaminada a que el Ministerio Público cumpla dos principios básicos: que sea defensor de todos los colombianos, no su verdugo, como ocurrió en múltiples ocasiones con la población LGBT y las mujeres durante la administración de Ordóñez, y que se concentre en la batalla contra la corrupción demostrando independencia política y mucha transparencia. Si se logra, el país entero se beneficiará.

Dicho eso, la declaratoria de insubsistencia no puede ser el final de los casos de aquellos procurados destituidos sobre los cuales hay denuncias. Utilizar el poder disciplinario, uno de los más fuertes de Colombia, con fines políticos es una práctica gravísima que daña la balanza del equilibrio de poderes y lesiona la confianza de los colombianos en las instituciones. No basta con la remoción de los cargos: es importante que el país conozca hasta qué punto estas quejas son ciertas y cómo pudo ocurrir algo así. Ese es un reto que Carrillo tiene con Colombia.

Especialmente porque la destitución de Ordóñez por parte del Consejo de Estado responde también a esa lógica perversa de los favores políticos. El tribunal anuló su elección debido a que se comprobó que había incurrido en la práctica del “tú me eliges, yo te contrato”, con personas cercanas a los magistrados que lo nominaron y que entraron a trabajar en la Procuraduría bajo su mandato. Por más que el exprocurador ahora se quiera reposicionar como el adalid contra la corrupción, esa sentencia judicial es una mancha ineludible, no sólo en su carrera, sino en la relación de los colombianos con el Ministerio Público. Por eso es importantísimo que se vuelva a construir la confianza. El anuncio de esta semana es un muy buen primer paso.

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