Reforma a la reelección inmediata

Hace algunas semanas, en estas mismas páginas, el columnista Armando Montenegro también planteaba que la reelección inmediata “no arroja resultados positivos” y, por ello, proponía que “esta figura se debería prohibir”. ¿Ha llegado el momento de volver a debatir sobre la conveniencia de haber cambiado aquel “articulito” para permitir la continuidad del muy popular presidente del momento, en un proceso que estuvo además marcado por el escándalo de la llamada yidispolítica?

Ya en su momento, desde estas líneas  fuimos críticos del acto legislativo que finalmente permitió la reelección inmediata, no sólo porque se gestara con nombre propio —el entonces presidente Uribe—, sino primordialmente por el desarreglo institucional que se anunciaba en términos de concentración de poder, al abolirse el cuidadoso ajuste de pesos y contrapesos presente en la Constitución original y esencial en todo sistema democrático. Años después, cuando llegó el intento de mantener en la presidencia a Álvaro Uribe por un tercer período, en buen momento abortado por la Corte Constitucional, estos argumentos cobraron mayor valor. Pero incluso en ese amplio debate nacional, al que se sumaron muchos nuevos críticos, nunca estuvo en cuestión la bondad de la primera. Una reelección parecía suficiente, dos lucían excesivas.

Empero, el tiempo ha pasado y las realidades políticas han cambiado. Esa percepción de corte caudillista que animaba a creer que sin Álvaro Uribe el país se derrumbaría, se ha venido diluyendo. Con un mandato de continuidad, llegó un nuevo gobierno a imponer nuevos énfasis, a sumar voluntades, a refrescar la política, a lograr nuevos consensos. En otras palabras, a recuperar muchos de los elementos de cohesión que, en buena parte debido a la reelección, se habían deteriorado en los últimos años del gobierno anterior. Y el país no se acabó ni cambió de rumbo.

A esto se ha sumado, cómo no, el destape de no pocos escándalos de corrupción, además de los que ya venían en averiguación judicial, en diversas entidades del Estado: los contratos de Fondelibertad, las adjudicaciones de la Dirección Nacional de Estupefacientes, la feria de títulos mineros de Ingeominas, los recobros del Fosyga… Por supuesto que las responsabilidades son individuales y ya la justicia habrá de juzgarlas, pero bien podría señalarse que la reelección creó ese ambiente propicio para que estos desmanes éticos y legales tomaran forma en toda la cadena de mando.

Por eso hoy, ya sin la figura prominente de Álvaro Uribe que hizo imposible un sereno debate sobre la  figura de la reelección inmediata en el ordenamiento constitucional, es importante reabrir esa discusión para que eventualmente el Congreso de la República tramite el regreso del “articulito” originalmente concebido. O, en todo caso, si se concluyera que la reelección es conveniente, resulta urgente tramitar una reforma integral que permita el rescate del equilibrio de poderes para impedir los abusos que ya se ha visto generó la simple eliminación de la prohibición original. No estaría mal que el Gobierno, ahora que ha logrado aprobar en esta primera legislatura que está por terminar los proyectos centrales de su propuesta de gobierno, incluyera entre sus propósitos ordenar la casa en este aspecto central. Así fuere con aplicación posterior a 2018, por si acaso.