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Pero no: las manifestaciones de la segregación social (y de la configuración de clases y hábitos y realidades), por cuenta de los ingresos económicos, son una realidad tan antipática como cotidiana. A diario las podemos ver sin mucho esfuerzo. Las soluciones que se plantean desde las políticas públicas para superar los niveles de desigualdad que persisten en este país parecen fallar la mayoría de las veces. Unas porque no sirven, otras porque no llegan a ver la luz, algunas porque pierden continuidad en el tiempo, todas por insuficientes.
El último ejemplo lo podemos ver en el largo listado que muestra, de mejor a peor, a los colegios de Colombia, según lo que evalúan las pruebas Saber 11, divulgado la semana pasada. Una prueba que, tal y como lo manifestó José Fernando Isaza en las páginas de este diario, no es perfecta y tiene sesgos, pero que, a la larga, es un buen medidor del éxito académico: qué tan bien puede un alumno de Colombia resolver un problema lógico-deductivo, qué tanto entiende lo que lee. Cosas que, pese a que suenan muy abstractas, ayudan al desarrollo personal y ciudadano. Está probado (y no solo en estudios de acá, sino de todo el mundo) que una educación básica de calidad redunda, incluso, en el crecimiento económico de un país.
¿La razón? Bastante simple. La educación básica es un derecho con una función primordial: permite la movilidad social. Eso de que las personas tengan en la vida las mismas oportunidades pese a que provengan de entornos sociales diferenciados. La educación en Colombia, empero, tiene el efecto contrario: reproduce la desigualdad, la refuerza. Esto quiere decir, en términos más crudos, que los pobres estudian con los pobres y los ricos con los ricos. No solamente no se integran (cosa que genera aprendizajes mutuos impensables), sino que a unos les va mejor que a otros: los unos tienen mejor preparación y más oportunidades de acceso a universidades de calidad, que son pocas y con los cupos contados. ¿Mentira? Hace falta echarles un vistazo a las cifras: de los 600 primeros puestos, entre los 12.659 colegios que hay, sólo 34 son oficiales. El mejor de ellos llega en el puesto 86. Tal y como recopilaba Mauricio García ayer en su columna, un estudiante de estrato 1 que va a un colegio público saca un puntaje de 43,14; uno de estrato 6 que va a un colegio privado saca, en promedio, 60,45.
No es, entonces, una paranoia colectiva sobre lo mal que estamos en estos términos. Nuestros estudiantes no solo se separan, sino que reciben una educación bastante desigual. Así no se construye ningún país.
El arsenal del Ministerio de Educación debe enfocarse en una meta que vaya mucho más allá de la cobertura y de la infraestructura (esfuerzos válidos e importantes) e ir directo al grano: que la educación pública en Colombia dé una oferta de calidad suficiente para ricos, clase media y pobres. Esto solo se hace, por supuesto, con una mejora progresiva en los incentivos para los maestros de colegios públicos: los peores estudiantes del país son los que terminan ocupando estas plazas. Eso no puede ser.
Mucho es lo que hay en avances y no queremos ahogar este comentario en las críticas: ahí tenemos el Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo, realizado por la Unesco, que muestra ciertos avances. Pero, igual, el entorno de desigualdad parece mantenerse. Nunca es tarde para luchar por que esa categoría de “ricos y pobres” sí sea una cosa del pasado.
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