Sanciones sociales, no legales, a los abusos en las redes

Ante la Corte Constitucional hay tres casos de personas que interpusieron tutelas porque se sintieron calumniadas e injuriadas en redes sociales. Para sentar jurisprudencia, el alto tribunal citó a una audiencia pública esta semana con el fin de entender la magnitud del problema. Las preguntas que plantearon los magistrados son amplias y apuntan al corazón de los debates que se están dando en todo el mundo sobre libertad de expresión en el ámbito digital; el problema es que los casos objeto de estudio no deben utilizarse para introducir nuevas normas o pretender construir analogías entre el mundo físico y el digital, que terminen desarticulando las características que han convertido a internet en el espacio de debate público por excelencia.

En análisis para El Espectador, Jaime Córdoba Triviño, exmagistrado de la Corte Constitucional, escribió que “los casos seleccionados por la Corte tratan sobre típicas disputas entre particulares que cuentan con mecanismos idóneos y eficaces diferentes a la acción de tutela para solucionarse”. Tiene razón. ¿Se presentó una calumnia? Hay una acción penal que puede iniciarse. Lo mismo con la injuria. El problema ha sido que la Fiscalía no ha podido actuar con suficiente eficiencia en estos casos. La solución, entonces, no está en nuevas regulaciones.

Durante la audiencia también participó el senador José David Name Cardozo, quien está impulsando el proyecto de ley 179 de 2018, que, en caso de ser aprobada, obligaría a Facebook, Google y similares a tumbar en menos de 72 horas publicaciones que los usuarios hayan reportado como calumniosas o injuriosas. En su intervención, Name dijo que “no se quiere coartar la libre expresión, quedan por fuera los medios de comunicación y la prensa”.

El problema con esa iniciativa es que trasladaría los debates sobre libertad de expresión: los jueces colombianos ya no tendrían la potestad de evaluar si un contenido es calumnioso, sino que eso lo haría alguien designado por empresas extranjeras que, como hemos mencionado en otras ocasiones, actúan como supraestados digitales. ¿Eso es lo que queremos?

Es errado, además, considerar que las redes sociales no son medios de comunicación. La democratización que llegó con internet permitió que cualquier colombiano se convirtiera en un difusor de ideas, información y contenido. ¿Por qué un medio como El Espectador debería tener más protección que lo publicado por un periodista independiente en internet?

Es torpe el Estado cuando pretende regular lo que no comprende, apelando al autoritarismo disfrazado de buenas intenciones.

La solución está más cerca de algo planteado por Héctor Abad Faciolince en la audiencia. “Las redes”, explicó, “son como una cantina fronteriza de un país, donde excepcionalmente se expulsa a un borracho o a quien excedió la violencia. La sanción es ignorar, el desprecio; ignorarlo en las redes, ignorar a los borrachos, a los impertinentes, a los tontos”. En otras palabras, para los nuevos retos, sanciones sociales, no legales.

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