¿Se privilegió a Fedegán por razones políticas?

Cada año, Fedegán debe administrar cerca de $90.000 millones. Por ley, ha tenido esa responsabilidad desde 1993, pero en 2015 la administración de Juan Manuel Santos le quitó la competencia para dársela a Fiduagraria, en un encargo fiduciario que terminó el año pasado. El Ministerio de Agricultura del gobierno de Iván Duque, en cabeza de Andrés Valencia Pinzón, decidió contratar la administración de esos recursos de nuevo con Fedegán.

Esa fue la decisión que despertó serios cuestionamientos por parte de la Contraloría. Según su informe, las cifras de representatividad de Fedegán en el gremio no son claras, su estructura organizativa no fue estudiada de manera suficiente para definir si se trata de una entidad democrática, no es claro por qué se decidió contratar directamente y no utilizar otro método de contratación, y el contrato elaborado no garantiza la potestad del Ministerio de Agricultura para ejercer una adecuada vigilancia.

En uno de los hallazgos más preocupantes, la Contraloría dice que se le otorgó una ventaja competitiva inadecuada a Fedegán al darles acceso, en octubre del año pasado, a bases de datos con información confidencial. Según el informe, esto último podría incluso tener implicaciones penales, pues “se pudo evidenciar que en la información entregada estaba el sustento del que luego la Dirección de Cadenas Pecuarias (del Ministerio) partió para adelantar el estudio de representatividad, por lo cual el contenido de esa base de datos sí resultaba relevante en la dinámica contractual”.

José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán (y otrora ternado para dirigir la Contraloría), dijo que se trata de acusaciones “infames” y que los cuestionamientos al ministro de Agricultura son injustas, porque todo se hizo “en el más exigente marco legal”. El acceso a la información, argumenta, se debió a irregularidades detectadas en los ciclos de vacunación y se hizo, entonces, para ayudar a controlar la fiebre aftosa.

No son respuestas suficientes. Los hallazgos de la Contraloría son muy preocupantes y cuestionan un contrato multimillonario que, además, se adjudicó a diez años de manera directa. ¿No había, en realidad, otros posibles oferentes que merecían consideración? ¿Por qué se desestimaron las razones utilizadas en 2015 para que Fedegán no siguiera administrando los parafiscales? ¿Cómo se puede justificar el acceso privilegiado a información que debería ser confidencial y que, en efecto, generó ventajas competitivas? ¿Debemos pasar por alto, también, el hecho de que Lafaurie es una figura muy cercana al partido de gobierno, el Centro Democrático?

La Contraloría ha dado un plazo para que el Ministerio de Agricultura corrija algunos de los puntos más preocupantes del contrato. Así debe hacerlo, y el ministro debe dar explicaciones plenas del porqué de su decisión.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com.

Nota del director. Necesitamos de lectores como usted para seguir haciendo un periodismo independiente y de calidad. Por favor, considere adquirir una suscripción digital y apostémosle al poder de la palabra.