Seguridad y opinión pública

A este señalamiento se sumaron, días después, las críticas del presidente del Congreso, Armando Bendetti, quien no sólo puso en entredicho la labor de Rivera sino que además lo llamó “el ministro de la inseguridad democrática”. En su defensa, el ministro aseguró que hay sectores “empeñados en desconocer las cifras y hacer un debate a partir de tres o cuatros hechos que han causado impacto”. Los hechos a los que se refiere el ministro son el asesinato de los estudiantes de la Universidad de los Andes, unos episodios de sicariato en Bogotá y un acto de vandalismo en Transmilenio. Al final, el ministro resumió lo que parece ser la actitud de los colombianos: “No nos importa que se reduzca la criminalidad, queremos percepciones”.

Al ministro Rivera, y a todas las fuerzas de seguridad, hay que concederles que, en gran medida, las cifras los respaldan. Los homicidios, por ejemplo, se redujeron de 15.817 en 2009 a 15.459 el año pasado. Aunque se trata sólo de una disminución del 2,3%, mantiene, en promedio, la misma tasa de los cinco años anteriores y es de resaltar que de esta reducción la mayor parte corresponde, según el tipo de víctima, a civiles. Los actos de terrorismo también se han reducido pasando de 486 a 471, al igual que los atentados contra la infraestructura que cayeron de 153 a 113, en el mismo periodo de tiempo. De igual manera, las acciones de los grupos armados ilegales como hostigamiento, contacto armado y retenes ilegales pasaron de 161 a 121. La cantidad de desplazados también se redujo y pasó de 165.541 a 87.990, y las víctimas por minas anti persona de 750 a 399. Los casos de extorsión pasaron 1.373 a 1.352 y, en general, todos los tipos de hurto —de vehículos, a residencias, a comercio, a personas, a entidades financieras— cayeron. 

Las cifras, sin embargo, no son todas positivas y los secuestros, por primera vez en ocho años, suspendieron su senda decreciente. No se trata de que estemos enfrentando los 996 secuestros reportados en 2002, pero sí de un aumento claro en este tipo de delito: las Farc pasó de secuestrar a 44 personas en 2009 a 64 en 2010, el Eln de 16 a 35, las Bacrim de 17 a 21 y la delincuencia de 137 a 162. La privación de la libertad parece, entonces, haber tomado fuerza y, en esa medida, no es por capricho que los críticos del gobierno han encendido las alarmas. El país sabe lo rápido que escalan los crímenes y hay que tomar, sin duda, acciones para reversar los indicadores. Sin embargo, contrario a lo que han hecho creer algunos opositores, el país no está fuera de control, ni caminando en esa dirección. 

De hecho, el aumento en los niveles de percepción de inseguridad a pesar de que las cifras muestren lo contrario, indica que los ciudadanos se están acostumbrando cada vez más al orden, al punto que están reaccionando con mayor vehemencia a la violencia. A diferencia de lo que cree el ministro Riviera, la inconformidad ciudadana no responde a una manipulación de la opinión pública por élites sesgadas ni a medios parcializados, sino a una mayor sensibilización de toda la población. Tres eventos son hoy suficientes para sacudir al país, situación que no se veía hace años y que, además, deberá aprovecharse, pues será esa opinión pública más exigente la que obligue a los dirigentes a llevar al país a un estado de relativa paz. Ya no estamos al borde de ser un Estado fallido, pero el camino por recorrer es difícil, y lo será en especial para los encargados de la seguridad, pues cualquier error, cualquier retroceso, los pondrá, todas las veces, en el ojo del huracán.