Si el Estado fuera eficiente, este feminicidio hubiera podido evitarse

Siempre que hay un caso terrible de feminicidio con violencia sexual, el populismo punitivo saca sus dientes. Se vuelve a discutir sobre la cadena perpetua, los líderes políticos ganan puntos adoptando posturas agresivas y el país entra en un círculo conocido. Sin embargo, el temible crimen cometido recientemente contra Michel Dayana, de 15 años, muestra algo que las organizaciones de víctimas vienen reclamando hace años: el problema no está en la severidad de las penas, sino en la incapacidad de las autoridades para frenar la violencia a tiempo a pesar de tener todos los indicios necesarios. A un sistema de justicia colapsado se le empeoran las cargas aumentando las penas, cuando deberíamos estar discutiendo cómo mejorar su capacidad de acción.

El Espectador conoció detalles terroríficos y frustrantes de la audiencia contra Hárold Echeverry Orozco, quien aceptó ser el asesino de Dayana. No solo es evidente que, en palabras de la medida, el cuerpo de la adolescente “sufrió una desmedida violencia”, sino que Echeverry Orozco tenía antecedentes. Solo 48 horas antes del asesinato de Dayana habría violado a otra niña. En 2019, habría violado y agredido a una niña de 12 años en una veterinaria y, a pesar de haber sido procesado, fue liberado por vencimiento de términos ante estrategias dilatorias de la defensa y ausencias también de la Fiscalía y el juez del caso. A pesar de que estuvo dos años y 22 días privado de su libertad, pudo irse sin ningún tipo de orden de captura ni vigilancia, porque el sistema fue incapaz de llevar a término su proceso. ¿Cómo hablamos de justicia para las víctimas cuando ocurren estas atrocidades? Es necesario decirlo: el asesinato de Dayana y la violación de la otra niña se pudieron haber evitado si el victimario hubiese pagado por sus crímenes previos, pero el Estado colombiano falló una vez más.

Hablando con El Espectador, la psicóloga Sylvia Mesa Peluffo explicó que “las personas que cometen delitos sexuales tienen una tendencia a repetir los hechos. El delito sexual tiene un competente de ejercicio de poder muy fuerte, ellos buscan estar en contacto siempre con niños, niñas y adolescentes”. Esto no es nuevo. Caso tras caso tras caso, sabemos que la violencia de género es una escalera. Empieza en pequeños actos de violencia y aumenta auspiciada por la impunidad. Las víctimas se enfrentan a una disonancia cognitiva estatal, pues por un lado hay fuertes campañas de prevención y discursos rimbombantes sobre acompañamiento, pero al acercarse a las comisarías de familia o a la Fiscalía se encuentran con obstáculos, funcionarios saturados de casos y medidas de protección inservibles. Hasta que no pasa algo muy grave y en muchos casos irreversibles, no hay actuación, pero las intervenciones llegan demasiado tarde.

¿De qué nos sirve tener penas severas si los casos se diluyen hasta el vencimiento de términos? ¿Cómo fomentamos las denuncias si no son suficientes para que los victimarios sean detenidos y no puedan cometer más crímenes? ¿Cómo podemos hablar de un sistema eficiente cuando el caso de Dayana se pudo haber evitado cuando el sistema judicial tuvo en su poder al victimario y lo dejó marchar?

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