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Dos fenómenos ocasionaron esta problemática: la interrupción del servicio de gas por un desplazamiento de tierra ocurrido por el cambio de cauce del río Magdalena, que dejó al descubierto un tubo, y el atentado contra dos torres en Antioquia y Cundinamarca.
Las medidas que se tomaron inmediatamente fueron necesarias, pero afectaron gravemente a algunas de estas poblaciones: la suspensión —por razones de seguridad— de la energía que llega a estos municipios. Si bien el atentado es un hecho de seguridad, inesperado, la otra cara de la moneda es uno de los grandes problemas estructurales que dejan ver la inoperancia del Estado frente a los estragos de la ola invernal. El ministro de Minas y Energía, Mauricio Cárdenas, ha dicho que el invierno es un hecho sobreviniente, lo que es cierto, pero es claro que muchos advirtieron, y con tiempo, la llegada de esta segunda oleada de lluvias.
El servicio es vital y su ausencia demuestra una falla inexcusable. Cárdenas anunció, al abrir esta semana, que las reparaciones podrían tardar alrededor de dos o tres semanas, pero que el corte del suministro no sería tan prolongado. Enhorabuena el servicio se ha restablecido en algunos de los municipios y las autoridades competentes han tomado las medidas adecuadas. Así, Electricaribe, la empresa encargada en la Costa Caribe, ofreció un parte de normalidad sobre el suministro después de realizar una tarea conveniente: las termoeléctricas Tebsa, Cartagena, Candelaria, Flores IV, Proeléctrica y Barranquilla, las cuales funcionan con gas natural, empezaron a generar energía con combustóleo y diésel. Tampoco evitó dar las mismas recomendaciones que ha hecho el Gobierno: la petición de que el pueblo colabore para racionalizar en gran medida el consumo y así reducir el impacto de la emergencia (en los ascensores, en los sistemas de aire acondicionado, entre otros). La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios manifestó también lo propio: que los usuarios no pagarán por servicios no prestados, en atención a lo que la ley dicta.
Se tomaron bien, pues, las medidas de emergencia. Pero el problema subyace en el fondo, en lo estructural, en la prevención de que una situación de estas (nada menos que la prestación de un servicio público a cargo del Estado) vuelva a ocurrir. Si no hay un refuerzo del sistema eléctrico con la construcción de nuevas plantas de generación, tal y como lo mencionamos en las páginas de este diario hace unos días, episodios como este podrían repetirse de una manera frecuente.
Apoyamos las declaraciones que ha dado Eduardo Pizano, presidente de Naturgás, cuando propone un sistema de redundancia de gas natural. Esto es, en términos simples, que exista un suministro de emergencia cuando tragedias como las que se vivieron la semana pasada se repitan. Por fallas técnicas, afirma, no se puede suspender el servicio a los usuarios. Y tiene razón: el derecho se inclina hacia ellos. Asimismo, manifiesta que todos los sistemas de gas del mundo (incluido el de Bogotá, que cuenta con cinco redes redundantes para el suministro de energía) usan este tipo de medidas de prevención.
Estamos en mora de que un servicio por ese estilo se empiece a aplicar en los territorios colombianos. Porque lo que ha pasado en las últimas semanas con la energía (no las medidas paliativas que, repetimos, estuvieron a la altura) es un hecho lamentable que no debe repetirse.