Sobre el SITP

Organizar el servicio de transporte es requisito para el desarrollo de la ciudad. Sin mencionar, por supuesto, que es una deuda pendiente con la ciudadanía. No es una petición desbordada la de exigir un sistema de movilidad eficiente, seguro y digno. De aquí que la propuesta del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) fuese tan bien recibida. La población, por obvias razones, se mostró interesada en sacar de circulación 8 mil buses independientes para reemplazarlos por un esquema coordinado y centralizado. En especial porque la experiencia de Transmilenio, a pesar de sus límites, le enseñó a la ciudad que formas ordenadas de transporte no sólo eran posibles, sino también deseables.

Sin embargo, han sido tales las irregularidades del proceso, que lo que auguraba buenas noticias ya arroja señales de preocupación. Las dificultades comenzaron con el paro de transportadores en marzo, cuando la Alcaldía finalmente cedió y aumentó el monto de compensación que habrían de recibir los propietarios de buses. Esta conciliación, claro está, implicó un descalabro en las finanzas del proyecto, que la administración decidió sanear a través de un incremento en el futuro precio de los tiquetes. Así, serán los usuarios de buses los que financiarán, en últimas, buena parte de la salida de los buseteros.

Por lo demás, cabe aclarar que una modificación en el pliego de condiciones hace pensar que, paradógicamente, los buseteros no serán los beneficiarios de su propio paro. Originalmente, el SITP pretendía dividir las rutas de la ciudad en 13 zonas y entregar en concesión el manejo de cada una. Pero para compensar a quienes salen del negocio, el pliego de condiciones le otorgaba puntos adicionales al licitante que llevara consigo al mayor número de pequeños propietarios (1 ó 2 buses). Sin embargo, una adenda interpuesta 20 días antes de la licitación del jueves pasado, cambió las reglas de juego. Ahora los puntos se otorgan simplemente por llevar el mayor número de buses. De esta manera, la adenda evitó que el pliego restringiera prácticas como la compra de buses a los pequeños propietarios por parte de consorcios, quienes se beneficiarían de las compensaciones. 

El pliego de condiciones tampoco contempló que los socios tuvieran el capital necesario para cumplir con los requisitos del SITP. Es más, éste permite que se presente como patrimonio de garantía el valor de los buses que no son de propiedad del licitante, los mismos de los que tiene, apenas, una promesa de compraventa. Este anuncio no deja de ser preocupante, pues se sabe que el capital requerido para sostener el proyecto es bastante importante. De hecho, el distrito otorgará las concesiones por 25 años, precisamente con el argumento de que la inversión inicial será muy alta.

A todas estas dudas sobre los proponentes se suma la cuestionable capacidad del distrito para subsidiar el sistema. Para cubrir su funcionamiento, se le deberá girar al SITP por más de 20 años cerca de 150 mil millones de pesos anuales. Una suma nada despreciable, que debe ser estudiada. Es importante, en esto, saber de dónde va a salir el dinero, pues no sólo hay que garantizar la viabilidad del sistema, también es preciso asegurar la sostenibilidad de las finanzas del distrito.

Así las cosas, aunque la reorganización del transporte público se presente como una gran oportunidad para Bogotá, la forma como ha sido llevado el proceso permite dudar frente a si, como están las cosas,  el SIPT aporte más de lo que perjudica.