¿Tiempo de vender?


La discusión está sobre la mesa en Medellín y a nivel del Gobierno Nacional. Aunque los detalles todavía se están determinando, Millicom haría un doble movimiento por un total de US$1.000 millones. De esos, US$400 millones irían a comprar la participación de Telefónica en ColTel y con recursos adicionales compraría la participación del 50 % de EPM en Tigo UNE. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, ha mostrado interés en la propuesta y está la pregunta de si el Gobierno Nacional debería también sumarse al proceso. De hacerlo, eso consolidaría en nuestro país dos gigantes en el sector de las telecomunicaciones: Claro, por un lado, con su histórica supremacía, y Millicom, por el otro, mientras que la plata de los colombianos se destinaría en lo que los gobiernos consideren.

Hay, por supuesto, preguntas. La principal es regulatoria. ¿Conviene una medida de ese estilo que consolide un duopolio en la práctica? De entrada, hay que partir del principio de realidad. No hay manera de competir, actualmente, con Claro, aunque la empresa ha dicho en múltiples ocasiones lo contrario. Por más que las distintas empresas de telecomunicaciones lo han intentado, el dominio de esa multinacional es indiscutible. Consolidar la competencia en otro oferente podría dinamizar el mercado y llevar a mejores servicios para los usuarios. En particular, nos evitaría las noticias periódicas de una nueva empresa que intentó participar solo para sucumbir a las presiones de un mercado hostil.

Por supuesto, hay consideraciones que se deben tener presentes: ¿qué pasa con las empresas pequeñas que continúan? Pensamos, en particular, sobre la ETB, que sigue teniendo recursos del Distrito de Bogotá. ¿Qué medidas se pueden tomar para cuidar a esa empresa y a todas las otras que sigan participando? ¿Cómo evitamos las quiebras? La respuesta, sin embargo, nos parece que no es arrojarle más dinero público. Un beneficio adicional con que el Estado salga del mercado es evitar las quejas que se han presentado por su rol de regulador y actor, causando conflictos de interés.

La defensa de los bienes públicos es un interés del país entero. No compramos la idea de que el Estado no pueda ser administrador de empresas mixtas y la posición en este momento no busca hacer una reflexión sobre el debate entre privatización y lo público. Al contrario, lo que abogamos es por las inversiones inteligentes. El sector de las telecomunicaciones es esencial, dinámico, costoso y altamente competitivo. Las empresas estatales se han quedado atrás porque los recursos no son suficientes. Por eso es momento de aprovechar la oportunidad de recalcular el rumbo.

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