Transacciones bancarias

Los costos de los servicios del sector financiero siguen siendo tan altos que una buena parte de la población decide, en toda lógica vale decir, no utilizarlos. Hay otras barreras: las dificultades de acceso a los servicios, las exigencias en requisitos y, en general, la poca familiaridad de amplios sectores de la población con el funcionamiento de la banca. En estos aspectos, por esfuerzo conjunto del sector financiero y del Estado, se ha ido avanzando; de ahí, en buena parte, el aumento en 13 puntos de la bancarización en los últimos años. En los costos, sin embargo, el caso no ha sido el mismo. Los impuestos, por un lado, y el precio de los servicios, por el otro, hacen que muchas personas prefieran el efectivo. Y así, ni el particular saca provecho de su relación —normalmente necesaria— con usureros, ni el país, con el freno al desarrollo que esto significa.

Tributariamente, aunque aplazado por la emergencia invernal, ya el Gobierno notificó el desmonte eventual del impuesto a las transacciones, o más conocido como 4×1.000. El gremio bancario ha criticado duramente este gravamen —y otros mecanismos de recaudo como la retención en la fuente—, tanto por sus implicaciones en los procesos de profundización bancaria, como por el impacto que tienen sobre su imagen; los usuarios, parece, tienden a asociar todos los costos a sobretasas bancarias y no a un cobro del Estado. Sin embargo, por ahora, el país necesita que esos impuestos permanezcan y, por ello, ha sido claro el presidente Santos al pedir alternativas. Deben, entonces, considerarse las peticiones de Asobancaria de revisar ciertas reglamentaciones sobre el sector que impiden ofrecer productos con menores requisitos de información y, por ello, con menores costos. Requisitos que, si bien fueron montados para el control del lavado de activos, en transacciones de montos muy bajos pueden ser, sin mayores riesgos, suprimidos.

Pero el alto costo de los servicios del sistema financiero no es sólo culpa del Estado. Con la última crisis financiera la banca subió casi en un 30% el costo de muchos de sus servicios y, a pesar de superada, nunca los redujo. Hoy, sólo sacar dinero del mismo banco cuesta entre $1.000 y $1.500 y hacerlo de otras sucursales entre $6.000 y $6.500. Esto sin mencionar los cerca de $8.500 que cuesta la cuota de manejo, los $900 por consultar el saldo en red propia y los $6.500 por hacerlo en otra red. Además, con incrementos muy por encima de la inflación año tras año. Ante las críticas por sus altas tarifas, la banca responde siempre que este es el precio fijado por el mercado de tales servicios y que no está en su deber subsidiarlo por el bien social, como no es deber del resto de la economía privada hacerlo con sus respectivos productos.

Defensa por demás discutible: por un lado, el Estado no sale a rescatar al resto de la economía cuando se quiebra, como sí lo hace con el sector financiero —lo que deja claro que el sector financiero es un sector, por lo menos, diferente— y, por el otro, no es muy claro que el precio de los servicios sea realmente el de mercado, pues a las personas les es muy costoso cambiarse de entidad y, además, lo hacen sin garantías: nada le asegura al usuario que los precios que lo llevaron a tomar su decisión se mantendrán. Por estas dificultades se hace deseable tanto que el Estado le exija a la Superfinanciera una revisión semestral de la banca y sus tarifas, como que se le conceda autoridad para regular la metodología de su cálculo; ambos puntos claves de la reforma tributaria, que ya fue aprobada el año pasado y que fue recordada por el ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, en su dura crítica a los banqueros esta semana. Debe, sin embargo, tener cuidado el Gobierno con su intervención en las tarifas, pues pasa con frecuencia que los techos que se fijan terminan, sin quererlo, presionando los precios al alza, pues se crea una especie de “aura de legitimidad” en las cifras oficiales. Mal haría el Ejecutivo si, además de intervenir, obtiene el efecto contrario.