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Susana Muhamad, ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, compartió esta semana cifras que el país necesitaba escuchar. Después de años de lucha poco fructífera contra la deforestación, el Gobierno estima una reducción de un 10 % en las hectáreas deforestadas. Tal vez más impresionante es que Guaviare (con 35 % de reducción), Caquetá (31 %) y Meta (25 %) —todos parte del Arco Amazónico, zona estratégica y delicada— son los departamentos que lideran el esfuerzo del Gobierno por frenar la deforestación. Preocupa, eso sí, que el Putumayo haya tenido un aumento de 25 % y que otros sectores como el Catatumbo, el norte del Pacífico y la serranía de San Lucas siguen siendo zonas rojas.
Es necesario dimensionar el problema, a pesar de las buenas noticias. Como escribió Sergio Silva en El Espectador, “la deforestación (estimada) que hubo en 2022 en (Guaviare, Caquetá y Meta) equivale a un territorio mayor al que tiene el área urbana de Bogotá (41.406 ha)”. Incluso si hay que celebrar la reducción, Colombia sigue talando árboles en cantidades espeluznantes y tiene un serio problema por delante. Si a eso se le suma que las áreas de conflicto como el Putumayo están descontroladas, el panorama es mucho más sobrio. La misma ministra Muhamad dijo, al llegar a su cargo el año pasado, que en los últimos 21 años Colombia ha deforestado más de tres millones de hectáreas (la mitad de ellas en la Amazonia).
¿Por qué, entonces, hay que celebrar la reducción de la deforestación? Aunque puede ser apresurado, las cifras indican que el cambio de estrategia ha funcionado. El Gobierno de Iván Duque adoptó compromisos internacionales, siguiendo lo dispuesto en la administración de Juan Manuel Santos, y buscó aterrizarlos a través de la Operación Artemisa. En síntesis, se trataba de una ofensiva militar para proteger las zonas de alto impacto de la deforestación, con acompañamiento de alta tecnología. Sin embargo, esa manera de aproximarse al problema se encontró con sus límites naturales: el espacio territorial es demasiado extenso y complejo como para que las autoridades den abasto. Los resultados se reflejan en unas cifras de deforestación altísimas.
Ahora, el Gobierno Petro ha hecho acuerdos de conservación con las comunidades. Los resultados son evidentes: los parques nacionales naturales han visto una reducción drástica en la deforestación. Esto se conecta con una propuesta que el ambientalismo colombiano lleva varios años haciendo de entablar lazos comerciales con las poblaciones conservadoras. Si el Estado paga por la conservación, reduce los incentivos para deforestar y, además, fortalece su solicitud internacional de cambiar deuda externa por protección del medio ambiente, crea una cadena de protección que puede dar resultados más sólidos.
Claro, el optimismo es moderado y más aún cuando las zonas de expansión de la deforestación tienen estrecha relación con las economías ilegales y los grupos armados. Al respecto y en particular sobre Putumayo, la ministra le dijo a El Espectador que llegarán “entre mayo y junio para generar una estrategia integral con la comunidad”. Esperamos que dé resultados, pero es claro que si Colombia no alcanza la paz, esta lucha seguirá siendo muy difícil de dar.
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