Un buen giro en la política antidrogas

La política antidrogas de Colombia ha estado siempre atada a la guía de los Estados Unidos. Eso ha sido, a menudo, una pésima noticia, pues los gobiernos de ese país no siempre han estado a la altura de los cambios que requiere la realidad. La guerra contra las drogas, orquestada desde la Casa Blanca, ha sido una herramienta eficaz de manipulación de los gobiernos colombianos y de presión por ciertos intereses. El caso más reciente muestra el doble rasero empleado: mientras en el país del norte ya hay 18 estados con marihuana legalizada y economías de droga boyantes, el entonces presidente Donald Trump amenazó con descertificar a Colombia, entre otras razones, por su negativa a usar glifosato para asperjar los cultivos ilícitos. Por fortuna, esa inconsistencia parece estar cambiando.

Desde que llegó a la Casa Blanca, Joe Biden ha representado un cambio de discurso que no solo muestra un claro contraste con Trump, sino con décadas de manejos insuficientes del problema de las drogas. No es para menos: en el 2019, Estados Unidos tuvo 49.860 muertes por sobredosis con opioides. En el 2018 fueron 46.802 y en general las cifras se han mantenido muy altas. No entender que se trata de un problema de salud pública, y no uno necesariamente militar, ha sido un error tremendo. Biden fue claro en que cambiaría la estrategia en Estados Unidos y eso, por fortuna, parece estar alimentando el enfoque diplomático hacia la guerra contra las drogas en general.

Para Colombia esto son buenas noticias. Esta semana la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca (ONDCP por sus siglas en inglés) anunció un cambio en el enfoque de la lucha antidrogas en nuestro país. En ningún momento se nombra el glifosato, tan manoseado en el discurso político de la derecha local. Se habla de tres ejes: fortalecimiento institucional, desarrollo de zonas rurales y protección del medio ambiente. Las nuevas prioridades señalan que Estados Unidos está abierto a que el próximo gobierno tenga una visión más progresista sobre cómo atacar el problema de las drogas.

La administración de Iván Duque está atrincherada en el pasado. Su programa antidrogas es una mezcla de ideas caducas, moralismo invasivo y militarismo desbordado. No es gratuito que el embajador de Colombia en Washington, Juan Carlos Pinzón, tenga varios trinos en los que acusa como aliados del narcotráfico a quienes proponen un cambio en la estrategia antidrogas. Ese enfoque funcionó en parte durante la presidencia de Trump, pero ha llevado al país a enfrascarse en debates inútiles como ese del glifosato. La política antidrogas colombiana ha seguido buscando la fiebre en las sábanas.

Ahora, Estados Unidos sigue proponiendo un respaldo militar y de seguridad, por supuesto, pues el plan fomenta la erradicación (aunque no menciona el glifosato), la lucha contra el lavado de activos y el fortalecimiento de los mecanismos de justicia. Pero la política de Biden pide fortalecer el Acuerdo de Paz, cumplir lo pactado, proteger a los líderes sociales y tomar aun más medidas para garantizar la protección del medio ambiente. El mensaje es claro para zonas débiles en este Gobierno, que ya camina sus pasos finales y abre la puerta para que en las elecciones del 2022 haya un cambio de enfoque en las propuestas de los candidatos. Washington está cambiando de prioridades: ¿Colombia aprovechará el momento histórico?

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