Un Conpes injustificado

Como muchos proyectos, este Conpes está, en principio, inspirado en loables propósitos, pues intenta beneficiar a los trabajadores independientes que con las semanas cotizadas no alcanzan a acumular el ahorro suficiente para acceder a una pensión. En particular, intenta flexibilizar los requisitos de ingreso al fondo de solidaridad pensional, el cual fue creado por la Ley 100 de 1993 para beneficiar a grupos vulnerables que no alcanzan a pensionarse. Este fondo se alimenta, bien es sabido, con los recursos de los cotizantes a pensiones que ganan más de cuatro salarios mínimos, quienes aportan 0,5% de su ingreso base de cotización, y con el 1% que aportan quienes ganan más de 16 salarios mínimos. El fondo ha crecido mucho (hoy tiene acumulado el equivalente a 4% del PIB), entre otras razones porque sólo pueden acceder a él las personas mayores de 55 años, quienes hayan cotizado un mínimo de semanas, las madres cabeza de familia y los trabajadores discapacitados.

Una medida lógica, que todos hubiéramos aplaudido, habría sido flexibilizar el acceso a estos recursos a estas mismas personas o a grupos realmente pobres que jamás tendrán acceso a una pensión. Después de todo, es muy conocido que un 29% de los trabajadores del país ganan menos de medio salario mínimo. Pero no. El Conpes no está dirigido a los más pobres. El documento define un grupo específico de beneficiarios: los concejales de los municipios de categorías 4, 5 y 6, lo cual tiene un fuerte aroma a propósito electorero de corto plazo: el presidente Uribe necesitaba el Conpes para el 11 de septiembre, cuando se reunía el Congreso Nacional de Concejales en Bucaramanga.

Es incomprensible que en su tránsito al Conpes este documento haya pasado los filtros técnicos y éticos del DNP. Y quizá lo más grave es que no fue discutido en una sesión formal del Conpes, porque fue aprobado en forma virtual. El director del DNP aclara, en un artículo que publica El Espectador hoy, que otros grupos que se han señalado como potenciales beneficiarios de este subsidio —los maleteros del aeropuerto El Dorado y los pastores cristianos— fueron citados apenas como ejemplos. Nos debe, sin embargo, la explicación sobre el criterio técnico para escoger a los concejales como grupo privilegiado. Tal vez no la tenga, por el efecto político que encierra tal escogencia.

Con todo, desde una perspectiva más amplia, los cuestionamientos no pueden quedarse solamente en el DNP. Un hecho como este es una señal más del grado de desinstitucionalización del país, producto del interés del Presidente de la República y el círculo que lo rodea de mantenerse en el poder. Porque, de aprobarse el referendo, ¿qué candidato presidencial podría competir contra un presidente en ejercicio que tiene la capacidad de premiar colectivos sociales enteros con inmensos recursos públicos?