A un debate

La idea es que la Constitución le permita al jefe del Estado pactar sin enredarse en el laberinto legal (en las penas, en las investigaciones, en la cárcel), con todos los actores al margen de la ley habilitados para aceptar los estándares de la justicia internacional, cada día más exigentes. Más sofisticada la fórmula, pero igual, se trata del camino alterno de siempre para quienes pretenden acercarse por las buenas al Estado de manera que no sigan dando rienda suelta a la violencia con sus ejércitos. Esta vez el tiquete de negociación queda en poder del primer mandatario por norma superior y el precio de alguna manera será de saldo, porque la pretensión mayor es la paz, un deber constitucional a cargo del Estado.

Es obvio que bajo la justicia transicional los modelos penales que en el imaginario social se asemejan mucho a la retribución (la cárcel, el castigo) deben flexibilizarse: es irreal, por decir lo menos, pensar que se juzgará con el rigor de la ley penal a los miles de posibles desmovilizados que salgan de una negociación. Para que haya una verdadera justicia transicional se necesitan comisiones de la verdad, metodologías rigurosas de reparación, así como también criterios claros de priorización de las penas, asunto faltante en la reforma presente que, se promete, irá regulado en una ley estatutaria posterior. Pensamos, sin embargo, que es mejor hacerlo ya.

Ahora que la iniciativa de rango constitucional fue aprobada por la Comisión Primera del Senado y que pasará a su último debate en la plenaria de la misma corporación, vale la pena, hoy más que nunca, que los legisladores dejen de pensar en los réditos, en las tendencias ideológicas, en las políticas blandas de bancada de apoyar o no al gobierno (menos al exgobierno) y tengan claros los juicios técnicos al proyecto, que son los que más hacen falta. Es hora de que el debate alcance un nivel de técnica legislativa y jurídica para un proceso de justicia transicional decente.

Colombia tiene una amplia historia de medidas de concesión a grupos armados. Es una película repetida que el país ya conoce. Las amnistías de Rojas Pinilla a guerrilleros y agentes del Estado, las del Frente Nacional para seguir perdonando; las de los gobiernos Turbay, Betancur, Barco o Gaviria que fueron madurando el modelo de indulto contra entrega de armas que caracterizó la paz con el M-19, el Epl, la Corriente de Renovación Socialista, el frente Francisco Garnica, el Quintín Lame y hasta unos cuantos frentes de milicianos de todas las pelambres en Medellín. El gobierno Gaviria también quiso saldar con decretos los ilícitos de los hermanos Ochoa Vásquez y otros capos a cambio de unos cuantos meses de prisión y, en el caso de Pablo Escobar, pagada en cárcel propia.

No se debe hacer caso omiso de este cúmulo de experiencias como si se tratara de una aventura empezada desde cero. El proyecto hay que apoyarlo, claro, sus fines pragmáticos son históricos, pero también, en su momento, habrá que hacer las críticas que tiene la iniciativa a nivel técnico. Por ahora, la eliminación de beneficios a narcotraficantes, bacrim, funcionarios públicos o quienes cometen delitos atroces deberá especificarse al nivel de detalle, para clarificar la priorización de los casos y que toda la política en concreto no nos tome por sorpresa en el futuro.